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Opinión - 03.12.2018

El sentido de la realidad

Es mejor tener un Jefe de Estado absolutamente neutral, huérfano de poder y ajeno a las intrigas de partido, que desempeñe con la eficacia ya demostrada el papel representativo y moderador que le corresponde

Decía Isaiah Berlin, uno de cuyos libros responde al título de este artículo, que en el ámbito de la acción política las normas son escasas y remotas: “Las habilidades lo son todo”. Es la comprensión de la vida pública lo que define el éxito de los gobernantes, no el bagaje ideológico de sus propuestas. El olvido de algo tan sencillo induce a muchos líderes actuales, para no hablar de tertulianos, blogueros, tuiteros y demás familia, a teorizar sobre la Transición sometiéndola a una especie de autopsia histórica, lo que les permite llegar a la ufana conclusión de que nuestra democracia padece un cáncer terminal en su legitimidad de origen, y además amenaza con producir metástasis en su ejercicio. El argumento, nada novedoso, viene a denunciar que no hubo una ruptura democrática. La fuente del poder manaba de la dictadura, cuyas leyes habían designado a don Juan Carlos de Borbón como rey, y por tanto no pudo abordarse un periodo constituyente clásico que alumbrara un régimen democrático.

Hasta aquí la argumentación parece impecable. Pero frente a la supuesta brillantez de los análisis se echa de menos la síntesis de lo sucedido. Sin ella es imposible hacer un relato honesto y veraz de la historia de la Transición, lo que engendra la ausencia de compromiso por parte de quienes no la vivieron. Comprensión y compromiso constituyen la base del consenso constitucional y, en definitiva, del ejercicio de la democracia.

La peculiaridad del proceso español consistió en alumbrar un nuevo régimen sin provocar una ruptura traumática en la convivencia, utilizando vías reformistas muy alejadas de la revolución. Nada menos que veinte años antes de la muerte de Franco, el Partido Comunista de España, por entonces la única fuerza política sobreviviente de la República verdaderamente organizada, ya había hecho un manifiesto en favor de la reconciliación nacional y demandando “una solución democrática y pacífica al problema español”. Aunque se retrasara dos décadas, eso es lo que sucedió exactamente a la muerte del dictador: el alumbramiento de una constitución democrática sin las formalidades de un periodo constituyente. A ello contribuyeron por igual representantes de la dictadura en trance de desaparición y líderes de la oposición en busca de un objetivo común: la recuperación de las libertades.

El éxito de un experimento tan singular animó a los demócratas de otros países a imaginar proyectos semejantes. Muchos de quienes vivimos aquella experiencia viajamos a la Argentina y Chile, países gobernados entonces por los militares, explicando que no se trataba de aplicar ninguna fórmula, pues el proceso fue fruto de la improvisación en el método junto a la persecución de la meta deseada por todos. El sistema, que nunca existió como tal, resultó en cierta medida exportable, aunque solo a medias, al Chile de Pinochet e inspiró las políticas de Alfonsín en Argentina. En el Este de Europa, derrumbado el muro de Berlín, algunos se fijaron en el modelo. Adam Michnik, fundador de Solidaridad en Polonia y del periódico Gazeta Wyborczca, convocó un encuentro sobre transiciones pacíficas a la democracia al que pude asistir en compañía de Santiago Carrillo y Leopoldo Calvo Sotelo, indudables representantes de las antiguas dos Españas que hoy están en trance de resucitar. En un descanso de las sesiones, Adam se presentó del brazo del general Jaruzelski, que le había enviado a la cárcel durante varios años. La escena me recordó la imagen de Dolores Ibarruri, Pasionaria, presidiendo la mesa de edad del Congreso de los Diputados después de las primeras elecciones democráticas. Se lo comenté a mi amigo, en presencia del propio general, y él me respondió de inmediato:

—Sí, pero nosotros echamos en falta la figura del Rey, que, en vuestro caso, ha desempeñado un papel fundamental. Habríamos necesitado a alguien así.

Sobre el rol del Monarca podemos testificar todavía muchos españoles que, como declarara hace poco Andrés Trapiello, somos fieles a nuestro ADN republicano apoyando y defendiendo la monarquía parlamentaria. Entre otras cosas, eso es lo que explica que la Constitución que esta misma semana celebra su 40º aniversario sea la más duradera y fructífera de todas cuantas han existido en nuestra historia. La polémica sobre la presencia de don Juan Carlos en los actos oficiales que conmemoran la efemérides me parece por lo mismo a un tiempo estúpida e irritante. A lo largo de su vida, el hoy Rey emérito ha hecho más por la democracia y la libertad de los españoles que los demediados dirigentes políticos que rechazan su presencia en los actos. Cualesquiera que sean los errores y aciertos de los titulares de la Corona, el eje central de nuestra Constitución lo constituyen el reconocimiento del pluralismo democrático y la monarquía parlamentaria como forma de gobierno, en la que el Rey carece de todo poder político y está sometido por completo a la soberanía popular. Los ataques a la institución encabezados por los independentistas y Podemos no se justifican porque haya vulnerado los principios democráticos, antes bien todo lo contrario. En estos cuarenta años solo recuerdo dos intervenciones autónomas significativas de los reyes, y las dos fueron precisamente en defensa de los principios constitucionales: contra el golpe de Estado de los generales Milán del Bosch y Armada, y frente a las resoluciones independentistas del Parlament de Cataluña, promovidas por sediciosos separatistas. En ambos casos, la Corona se mostró beligerante contra los intentos de ruptura del orden constitucional por vías ilegales e ilegítimas. Los actuales embates contra la institución lo son de hecho contra todo el orden constitucional.

En la primavera de 1978, tras el debate en la comisión de las Cortes sobre la forma de gobierno, el representante socialista se abstuvo de votar a favor de la monarquía parlamentaria, aunque dejó la puerta abierta al futuro. Sin duda fue por indicación de Felipe González, sabedor del corazón republicano de las bases del partido, pero impulsor a un tiempo del pragmatismo necesario para la construcción del nuevo régimen. El texto tuvo, en cambio, el apoyo irrestricto de los nacionalistas catalanes y vascos, amén del muy explícito de partido comunista. Su representante y padre del texto constitucional, Jordi Solé Tura, explicó nítidamente que “si queremos que funcione esta democracia deben adherirse a ella fuerzas institucionales a través de la Monarquía”. Meses más tarde, durante idéntica discusión en el pleno del Parlamento, Santiago Carrillo se mostró como uno de los más fervientes partidarios del sistema.

Solé Tura, Carrillo, Tarradellas pertenecían a la estirpe, cada vez menos numerosa, de los políticos capaces de ejercitar el sentido de la realidad frente a construcciones ideológicas tan respetables como discutibles. A veces tan perniciosas también. La Monarquía española no es fruto de ninguna construcción teórica, sino, en gran medida, del doble fracaso de los intentos republicanos a través de nuestra Historia. Habida cuenta de la creciente brutalidad verbal de que ahora hacen gala muchos políticos, del aumento de la demagogia y el recurso a la ignorancia que tantos de ellos practican, no está de más pensar que en semejantes circunstancias es mejor tener un Jefe de Estado absolutamente neutral, huérfano de poder y por tanto ajeno a las intrigas partidarias, que desempeñe con la eficacia ya demostrada el papel representativo y moderador que le corresponde.

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