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Opinión - 13.02.2019

La hora de apostar

El fracaso en la tramitación de los Presupuestos le da al presidente la razón para convocar

Un adelanto electoral es una apuesta. Los presidentes en un sistema parlamentario pueden anticipar las elecciones y manipular así los tiempos para intentar ganar ventaja política. Sin embargo, como buena apuesta, una cosa es atreverse y otra que salga bien.

Suele haber dos racionalidades distintas detrás de no agotar una legislatura. De un lado, que los gobiernos busquen minimizar sus pérdidas porque consideren que seguir en el poder desgasta. Algo así primó cuando José Luis Rodríguez Zapatero hizo las Elecciones Generales en 2011. Del otro lado, puede ser que un gobierno piense que es el momento propicio para intentar incrementar apoyos. Por esto convocó Manuel Chaves las elecciones andaluzas en 1996 tras la legislatura de “la pinza”. Ahora bien, lo más duro es cuando los gobiernos cometen un error de percepción como los de Artur Mas en 2012 o Theresa May en 2017, que ambos convocaron pensando que ganarían escaños y los cedieron.

Los adelantos electorales son frecuentes en la segunda mitad de un mandato y por parte de gobiernos en minoría de un solo partido. Además, suelen asociarse con contextos económicos favorables (aparejan la popularidad del presidente), con que el partido del gobierno saque distancia en los sondeos a sus rivales o con que la oposición esté dividida. En todo caso, la clave de bóveda del adelanto está más en el porqué que en el cuándo. Es decir, en cuál es la razón que justifica ir a las urnas y muda el oportunismo en necesidad. E incluso así, con razones bien armadas, entre la firma del decreto y la celebración de los comicios 54 días después puede haber infinitas contingencias.

El fracaso en la tramitación de los presupuestos le da al presidente del gobierno la razón para convocar y es dudoso, al no haber disuelto inmediatamente, que vaya a tener otra tan clara. Diferente es que exista una fecha óptima para sus intereses, lo cual parece menos evidente ya que las elecciones de mayo le acotan sus opciones. Que el gobierno aguante hasta otoño implicaría perder el argumento del bloqueo presupuestario y, sin la mayoría de la moción, ni siquiera se asegura convalidar sus decretos en el Congreso. Gana tiempo, pero si los socialistas pierden poder institucional en las autonómicas la ventaja que tienen en los sondeos se puede evaporar rápidamente.

Una elección concurrente en mayo alinearía a toda su organización a luchar por Sánchez, pero implica al tiempo que el PSOE sacrifique el activo que suponen sus barones y su estructura local. La contaminación entre arenas electorales sería importante, haciendo más difícil ejercer rendición de cuentas a los votantes ya que hasta el último alcalde socialista se vería (aún más) condicionado en sus apoyos por la valoración del presidente. Por último, convocar en abril podría ayudar al gobierno a que sus líderes territoriales se implicaran ya que se trataría de una previa de sus propias elecciones, pero también le expone al ser el primero en medirse a las urnas. Dado que todos los escenarios presentan claroscuros estratégicos la pregunta central es: ¿se puede permitir el presidente retrasar más la apuesta?

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