Impunidad e inmunidad

Khashoggi necesita justicia en el país donde se cometió el crimen, o ante un tribunal internacional

La relatora de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales ha confirmado lo que ya habían adelantado los servicios secretos de varios países, entre ellos de EE UU y Turquía: que el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi fue “planificado y perpetrado por funcionarios saudíes”. A las conclusiones provisionales de la investigadora de Naciones Unidas, la francesa Agnes Callamard, se suma la revelación de que el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, de 33 años, había amenazado un año antes de que se produjese el crimen con utilizar “una bala” contra el columnista si no dejaba de criticar al régimen saudí.

Hasta ahora, los indicios que señalaban al hombre fuerte del Reino Desierto se debían más a un razonamiento que a las pruebas: resultaba imposible que funcionarios, dos de ellos muy cercanos al príncipe heredero, cometiesen un crimen así sin contar con su permiso. Esta nueva revelación, fruto de comunicaciones interceptadas por el espionaje estadounidense, demuestra que Bin Salmán expresó su deseo de silenciar al periodista utilizando cualquier método, incluyendo el asesinato. Este crimen de Estado se ha producido dentro de una oleada de represión por parte de la monarquía saudí, contra otros príncipes pero también contra activistas de los derechos humanos, como Lujain al Hathlul y Eman al Nafjan, que según numerosos relatos han sufrido torturas en prisión.
Jamal Khashoggi, que vivía exiliado en Estados Unidos, fue asesinado el 2 de octubre del año pasado por un equipo enviado especialmente para cometer el crimen en el consulado de Arabia Saudí en Estambul. Tras burdas mentiras por parte de los saudíes, los servicios secretos turcos admitieron que poseían grabaciones del interior del recinto diplomático que revelaban que el periodista fue asfixiado, ahogado y su cuerpo descuartizado.

Agnes Callamard ha considerado especialmente grave que el delito se cometiese utilizando la inmunidad de la que gozan los diplomáticos. Sostiene que el objetivo de su investigación es que los responsables sean juzgados. Y la comunidad internacional tiene la obligación de apoyar a Naciones Unidas en este fin. No puede hacer como si el asesinato del periodista Khashoggi no hubiese ocurrido, ni tampoco conformarse con la farsa de juicio en marcha contra 11 personas en Arabia Saudí, cinco de las cuales pueden enfrentarse a la pena de muerte (lo que sería un crimen añadido). Khashoggi necesita justicia en el país donde se cometió el crimen, o ante un tribunal internacional, porque como ha señalado la relatora “la inmunidad no puede confundirse con la impunidad”. Y es un mensaje que el mundo debe lanzar a todos los tiranos.