Consejo precario

El gobierno de los jueces se excede al nombrar cargos estando en funciones

La imposibilidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde el mes de diciembre, está dando lugar a un creciente enfrentamiento entre este órgano de gobierno de los jueces y tres de las cuatro asociaciones que representan sus intereses. Las razones detrás de la tensión están relacionadas con la iniciativa adoptada por el Consejo de convocar las vacantes de hasta 13 cargos relevantes de la justicia, desde la presidencia de la Audiencia Nacional hasta las de varias Audiencias Provinciales y puestos destacados en Tribunales Superiores de Justicia. A este contencioso se suma el malestar de algunos magistrados por otras decisiones del Consejo, como el nombramiento de un juez de refuerzo de la Audiencia Nacional saltándose el escalafón o el mantenimiento de los magistrados Enrique López y Eloy Velasco como adscritos a la Audiencia Nacional después de que el Supremo anulase las plazas que se les habían concedido.

El Consejo y su presidente, Carlos Lesmes, han respondido a las críticas subrayando la transparencia de los procesos de selección. El problema es, sin embargo, de otra naturaleza, con independencia de que las asociaciones de jueces hayan mostrado reservas sobre una utilización interesada de los plazos. Puesto que el nombramiento de integrantes en los distintos tribunales excede la administración de los asuntos ordinarios que puede realizar un Gobierno en funciones, así sea el de los jueces, el Consejo no se encuentra en las mínimas condiciones exigibles para realizarlos mientras su composición no haya sido renovada por el Congreso.

Se trata de un asunto que resolverá el Tribunal Supremo en respuesta a las múltiples impugnaciones de las que han sido objeto las convocatorias, así como a las nuevas que anuncian las asociaciones para cuando se conozca el nombre de los elegidos. La simple posibilidad de que las impugnaciones prosperen es prueba de la precariedad legal desde la que el Consejo ha procedido a la provisión de puestos. Con la paradoja añadida de que unos magistrados en tiempo de descuento se hayan lanzado a intervenir sobre la jerarquía judicial con decisiones de efectos indefinidos. Si realmente el Consejo presidido por Lesmes considera improrrogable la interinidad en algunos tribunales, con mayor motivo debería tomar conciencia de la del órgano que preside.

La prudencia en todo cuanto exceda la administración de los asuntos ordinarios es obligada en cualquier organismo en funciones, y más todavía en este concreto Consejo General del Poder Judicial. La causa de que no se renovara durante la anterior legislatura no fue solo el calendario electoral, sino también el escándalo que abortó el incipiente acuerdo alcanzado por el Partido Popular y el socialista. Un mensaje colectivo del diputado Ignacio Cosidó a los miembros de su grupo popular puso en evidencia la voluntad de manipular el Consejo y el Supremo por parte del PP, arrojando espesas sombras de sospecha sobre la connivencia de algunos magistrados. Para disiparlas, el juez que conduce el proceso contra los independentistas catalanes, Manuel Marchena, prefirió abandonar la carrera por presidir el Supremo.

Lesmes asegura que solicitará de nuevo al Congreso la renovación del Consejo. Al hacerlo después de iniciado el trámite de los nombramientos, cabe dudar si está ejerciendo una responsabilidad o buscando una coartada.