La mano derecha de Montoro no se atreve a asegurar que hubiera malversación en el 1-O

Martínez Rico deja no obstante abierta la puerta a que la Generalitat ocultara el delito porque la información a veces no era «completa o exacta»

Fue el alto cargo al que Cristobal Montoro ordenó dejarse la vista analizando las cuentas intervenidas de la Generalitat para evitar que el Govern de Carles Puigdemont destinara dinero público para promocionar u organizar el referéndum de independencia. Pero Felipe Martínez Rico, subsecretario de Hacienda desde noviembre de 2016 a junio de 2018, no pudo ante el Supremo dictar 'sentencia definitiva' sobre si hubo o no malversación, uno de los cargos a los que se enfrentan los encausados independentistas.

Martínez Rico, como hiciera su jefe Montoro el pasado 27 de febrero ante el alto tribunal, no quiso asegurar de manera tajante, tal y como sostienen la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que el Govern usara partidas camufladas para pagar la organización consulta, el material electoral, los envíos postales, las campañas o a los supuestos observadores internacionales para supervisar la votación.

Si el exministro adujo en su momento ante la sala que el «control pudo ser defraudado» para dejar abierta la puerta a la malversación al no poder presentar pruebas fehacientes del delito, este martes el que fuera su mano derecha también se apuntó a abonar esa sospecha al afirmar que la información que remitía la Generalitat en vísperas del 1-O no simpre era «completa o exacta» y que, precisamente por ello, en varias ocasiones denunciaron esta supuesta opacidad ante la Fiscalía.

El exsubsecretario dijo que el Govern dio «cumplimiento formal» (insistió varias veces en el adjetivo de «formal») a las «remisiones de información» a las que les obligaba la intervención de sus cuentas, pero aclaró que una cosa eran los datos y otra la «realidad material» que, dijo, es «mucho más compleja«.

«No tengo conocimiento que desde el Ministerio hayamos vinculado al referéndum a los expedientes» que supervisaron, reconoció el exalto funcionario, para luego seguir sembrando la duda sobre la supuesta malversación, sobre todo ante las informaciones «insatisfactorias» que llegaban desde el Govern cada vez que se pedían aclaraciones sobre los gastos. Martínez Rico insistió en que la Generalitat pudo engañar al Estado porque la intervención tiene «los límites que tiene» y se basaba exclusivamente en los datos que proporcionaban los propios organismos de la Administración automómica.

«Todos los elementos»

Ni siquiera cuando la Fiscalía y la Abogacía del Estado le preguntaron directamente por si existió o no malversación de dinero público para sufragar el 1-O, Martínez respondió con claridad. «El Ministerio puso todos los elementos a su disposición para el seguimiento del gasto de la comunidad autómoma». Otra cosa, insistió, es «la realidad material de los hechos», dando a entender, de nuevo, que las cuentas que entregaba el Govern de Puigdemont podían estar falseadas.

El hombre de confianza de Montoro tuvo que admitir que, hasta donde llegaron las investigaciones de Hacienda, las facturas libradas para las campañas de publicidad del referéndum, a pesar de exitir, no fueron abonadas por la Generalitat. Pero eso sí, explicó, fue totalmente inusual que el Govern recurriera a liberar un «fondo de contigencia» de 3,4 millones de euros para las campañas institucionales para promocionar esas campañas, que luego, hasta donde sabe el Estado, no llegó a abonar, dejando a los proveedores un importante pufo que, según la Generalitat, nunca han reclamado.

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