Vuelve el gasto público

La inversión en infraestructuras aliviará las carencias de servicios e incentivará el crecimiento

Después de cinco años de sequía, la inversión pública vuelve a cobrar importancia en los Presupuestos de 2019. No es un secreto que una parte de las redes de transporte e infraestructuras básicas se han deteriorado, en algunos casos de gravedad, después de una política drástica de ajustes presupuestarios que, en la práctica, supusieron la casi desaparición de la inversión como un instrumento útil de política económica. Este año, si el Presupuesto se aprueba, habrá 10.000 millones para destinar a infraestructuras. Esta decisión política implica además recuperar la inversión pública como un instrumento para estimular el crecimiento económico y el empleo.

Es una buena decisión que una parte importante de esta inversión, en torno al 50%, se destine al ferrocarril y, sobre todo, a reforzar las redes convencionales y de Cercanías. A veces se olvida que la política de bienestar depende de cosas tan sencillas como disponer de un tren fiable y carreteras en buen estado. La deplorable situación de la red ferroviaria en Extremadura, por ejemplo, es causa de justa indignación de los extremeños y es obligación del Estado contribuir a que este problema entre en vías de solución. También es correcto, en términos estratégicos, privilegiar el transporte ferroviario convencional sobre el AVE, porque si se quiere reducir el daño ambiental del transporte, en línea con lo que exige el compromiso de transición energética, es obligado trasladar la carga de mercancías desde la carretera al ferrocarril.

El estado de las carreteras es crucial para reducir el número de accidentes de tráfico. Es evidente que la mal llamada política de austeridad presupuestaria se olvidó de los costes directos e indirectos de los recortes. Pero es necesario advertir que no basta con aprobar más dinero para infraestructuras y decidir el mejor destino; es necesario aumentar el grado de ejecución pública de las inversiones, comprobar que las obras se terminan y evaluar sus efectos. Tareas estas que los organismos públicos suelen rehuir o menospreciar.