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Opinión - 24.01.2020

Víspera marroquí

Las leyes que quiere adoptar Marruecos chocan con los legítimos intereses de España

La cámara baja del parlamento de Marruecos aprobó el pasado miércoles dos leyes ampliando la zona económica exclusiva y la plataforma continental frente a sus costas. La medida ha sido adoptada en vísperas del primer viaje a Rabat de la nueva ministra española de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya. Los problemas en la demarcación de la soberanía entre ambos países viene de atrás, si bien ha resurgido en los últimos tiempos debido a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado en diversas ocasiones contra los intereses de Marruecos en asuntos relacionados con la extensión de los acuerdos comerciales y de pesca al Sáhara. La doctrina del Tribunal no sólo ha recordado a Marruecos que el Sáhara no es un territorio bajo su soberanía, sino que ha reconocido el papel del Frente Polisario en la representación de la población, cuyos intereses debe respetar la potencia administradora.

Las leyes cuya tramitación ha iniciado el legislativo marroquí son contrarias al derecho internacional en lo referente a los espacios de soberanía frente a las costas del Sáhara, además de chocar con los legítimos intereses de España. Es probable que estas últimas consecuencias no hayan sido deliberadamente buscadas por las autoridades marroquíes, según se han esforzado ellas mismas en explicar, pero lo cierto es que no podían ignorarlas. Una vez desencadenadas, sin embargo, resulta impensable dejarlas sin la respuesta jurídica adecuada, tanto en el plano bilateral, como también ante la Secretaria de Naciones Unidas, de forma que los derechos de España no se vean menoscabados. Las mismas razones que Marruecos alega para reclamar que su iniciativa no repercuta negativamente en sus relaciones con España avalan a nuestro país para responderla, también insistiendo en la necesidad de que la fluidez en la comunicación entre Madrid y Rabat no se vea afectada.

Los años de parálisis y polarización que ha vivido la política española han lastrado la gestión de la acción exterior, que precisa de consenso interno. La diplomacia española hacia el Magreb, y, por consiguiente, también hacia Marruecos, ha debido concentrarse más en gestionar el día a día de las crisis recurrentes que en establecer con ambición mecanismos que acrecienten la confianza y afiancen la estabilidad de los intercambios. Una iniciativa como la adoptada esta semana por Marruecos no puede quedar sin respuesta, aunque la sobreactuación no es el camino más acertado ni el más inteligente. Si ambas partes están de acuerdo en evitar las decisiones unilaterales y en no provocar situaciones de hecho, las bases fundamentales para resolver las diferencias en la delimitación de los espacios de soberanía están sentadas.

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