Tasa revolucionaria

La OCDE respalda el cambio radical de tributar donde estén los clientes

Como respuesta al encargo del G20, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) publicó ayer las líneas maestras de su propuesta de tasa fiscal a las grandes tecnológicas, conocida como tasa Google. El objetivo de la OCDE es acabar con el desvío de beneficios de los grupos digitales a los países con tributación favorable y evitar que cada país aplique su propia tasa, perdiéndose así los efectos de unidad de acción concertada contra el fraude y alentando la fuga de beneficios además hacia los Estados que no hayan aprobado el tributo.

De la propuesta destacan dos criterios que infunden optimismo y suponen un cambio drástico en la fiscalidad global, acorde con los tiempos de la economía digital. La primera y más importante es que se admite el principio de que las compañías tecnológicas, llámense Google, Amazon, Facebook o cualquiera de las plataformas de servicios que aspiran a disfrazarse de economía colaborativa, deberán tributar también en aquellos países donde tengan a sus clientes. Este principio destruye la protección del domicilio fiscal y obligará a los conglomerados a reconsiderar sus precios de transferencia, el instrumento que traslada los beneficios a las filiales en zonas desfiscalizadas. El diablo está en los detalles: falta por saber cuál será la tasa y cómo se distribuirá el beneficio entre la sede y los países donde están los clientes.

El segundo avance, más convencional pero no menos útil, es proponer un organismo encargado de arbitrar y resolver los conflictos que, sin duda alguna, aparecerán. El organismo de arbitraje es esencial para calmar las inquietudes de las empresas implicadas, probablemente más de las que de entrada podían suponerse.

El éxito de la propuesta dependerá del acuerdo que exista sobre los detalles objeto de negociación antes de que se apruebe la nueva tasa cuya aprobación definitiva está prevista para finales de 2020. Hay que confiar, además, en que no se rompa el acuerdo tácito entre Estados Unidos y Francia que permitió encontrar la solución de la OCDE como agente redactor de una tasa Google global. Existe un amplio acuerdo internacional en que la elusión fiscal provoca un daño irreparable a los Estados: ralentiza las políticas sociales y la inversión pública e impide desarrollar políticas efectivas para reducir la deuda. Si sirve como indicador de dinero evadido, hay 600.000 millones escamoteados a las haciendas públicas de todo el mundo solo por el impuesto sobre sociedades.

A la vista del progreso de la OCDE publicado ayer, los Gobiernos, entre ellos España, tendrán que reconsiderar sus planes para imponer tasas individuales. La decisión más racional y que generará más consenso es esperar a que la Organización perfile y apruebe la suya, diseñada para 134 países.