Sin excepción

La interinidad del Gobierno es lesiva para el país e impide reformas de calado

El Partido Socialista y Esquerra Republicana de Catalunya se reunirán mañana por tercera vez para intentar un acuerdo que permita la investidura de Pedro Sánchez. De encontrar finalmente una fórmula que satisfaga las aspiraciones de los independentistas sin desbordar el marco constitucional, el otro obstáculo que deberán salvar los negociadores es fijar una fecha para la sesión de investidura. Mientras que los socialistas desean convocarla en el plazo más breve posible, ERC maneja otro calendario, a fin de que la actual dirección pueda celebrar antes el congreso del partido y los tribunales europeos despejar las incógnitas que pesan sobre su líder, Oriol Junqueras. En opinión de ERC, solo a partir de ese momento el viraje hacia la abstención en la investidura de Sánchez podría no tener efectos adversos sobre sus expectativas en las próximas elecciones autonómicas catalanas, en las que espera alcanzar la hegemonía en el campo independentista.

Las diferencias en torno al calendario de la investidura responden en primera instancia a las necesidades de la negociación política, si bien inciden en una dimensión institucional que no puede seguir siendo obviada por más tiempo. La parálisis que atenaza al sistema constitucional no es solo resultado de las repeticiones electorales y de la sucesión de Gobiernos en minoría, sino también de los dilatadísimos periodos con Ejecutivos en funciones: en tan solo cuatro meses más, sumarían un total de dos años desde 2015. Esta situación de interinidad es gravemente lesiva para el país porque reduce la gestión gubernamental al despacho ordinario de los asuntos, cuando lo que urge son reformas de calado. Pero también porque está contribuyendo a convertir en norma situaciones y procedimientos que la Constitución sitúa manifiestamente en el ámbito de la excepción.

De hecho, no es el Gobierno central el único órgano que tiene el mandato prorrogado. En la misma o parecida situación se encuentran el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, al igual que un importante número de altos cargos de la Administración, incluyendo dos ministros cuyas tareas han tenido que ser asumidas con carácter provisional por otros miembros del Gabinete. A todo ello hay que sumar la prórroga de los Presupuestos por tercer año consecutivo y la generalización del decreto ley como instrumento de gestión ordinaria, al que se recurre por la imposibilidad de articular mayorías en torno a un programa de gobierno y no tanto porque lo reclamen motivos de extraordinaria urgencia. La fragmentación política del Congreso salido de las últimas elecciones generales, así como la nula voluntad de acuerdo manifestada por los grupos parlamentarios, dibujan un horizonte en el que este avance de la excepcionalidad podría seguir instalándose en el sistema constitucional.

Una vez constituidas las Cámaras, su tarea más urgente es investir un candidato a la presidencia del Gobierno. Pero esta prioridad no es excusa para posponer otras decisiones de las que depende el pleno funcionamiento de algunos órganos esenciales del Estado. Por otra parte, mantener estos órganos en la interinidad y sin reflejar las nuevas mayorías salidas de las urnas, según vienen haciendo los partidos, constituye una falta de respeto, una más, a la voluntad de los ciudadanos.