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Opinión - 10.08.2019

¿Salvará la Amazonia los derechos humanos?

Muchos de los poderes militares y económicos que amenazan el medio ambiente también sean violadores de derechos humanos

Los árboles de la Amazonia son talados, los líderes indígenas son asesinados. El presidente brasileño Jair Bolsonaro dijo que la Amazonia es “como una virgen que desean todos los extranjeros pervertidos”, y no permite datos o evidencias científicas que demuestren el vertiginoso crecimiento de la deforestación. En lugar de científicos serios, asumen los puestos burócratas serviles que dicen: “el calentamiento global no es lo mío”, y que están de acuerdo con la censura del Gobierno de que los “datos alarmistas” serán revisados antes de que sean públicos. Las políticas autoritarias y depredadoras de Bolsonaro fueron portada de The Economist y tema de un artículo provocativo de Stephen Walt, profesor de relaciones internacionales de Harvard Kennedy School, publicado en Foreign Policy.

Walt pregunta «¿quién salvará a la Amazonia?», y parte de una escena fantasiosa de la política internacional en 2025, donde el futuro presidente de los Estados Unidos amenaza con invadir Brasil para evitar una catástrofe global. La provocación se refiere al uso de sanciones militares, económicas y políticas aplicadas a países en crisis humanitarias (como lo hizo recientemente el presidente Trump con Venezuela), si se mantuvieran las políticas ambientales depredadoras en Brasil. Si la Amazonia es de importancia mundial y su destrucción tendrá consecuencias más allá de las fronteras del país, a nivel planetario, la analogía parece funcionar: del mismo modo que el derecho internacional reconoce la legitimidad del uso de la fuerza para salvar a los pueblos del exterminio, también lo haría para recuperar un bien de interés para la humanidad, el medio ambiente.

“A diferencia de Belice o Burundi, lo que haga Brasil puede tener un gran impacto”, afirma Walt, que tiene cuidado de no hacer una defensa explícita de la intervención militar, sino de operar en el campo hipotético entre el uso legítimo de la fuerza para proteger los derechos humanos de las poblaciones en riesgo, como en Siria, o de manera análoga para salvar el medio ambiente. Walt sabe que no es solo la historia lo que lo separa de la realidad de una confrontación de poderes mundiales contra Brasil: lo describe como una «paradoja cruel» –los países más peligrosos para el medio ambiente son también las principales potencias nucleares o económicas, como China, Estados Unidos, India, Japón y Rusia–.

La paradoja es aún más cruel de lo que Walt muestra: el poder militar y económico determina el silencio sobre las políticas ambientales y de derechos humanos. No es casualidad que muchos de los poderes militares y económicos que amenazan el medio ambiente también sean violadores de derechos humanos. De nuevo, el Brasil de Bolsonaro es un caso paradigmático: la alegoría de la selva amazónica como «virgen» y su posesión como el deseo de un «pervertido» extranjero denuncia, como dice Jason Stanley, algunos de los síntomas de la política fascista, como la «ansiedad sexual» y la «jerarquía» que impulsa la «irrealidad» de los líderes. Incluso si está alineado con políticas globales ultraconservadoras, como las introducidas en Hungría, de persecución de los estudios de género en universidades, Bolsonaro establece su propia lógica jerárquica del mundo: «ellos» son todos los que están en contra de los intereses económicos y militares que impulsan su agenda de desarrollo de explotación del medio ambiente y despojo de los pueblos indígenas.

Es en la irrealidad de la fantasía fascista que los líderes mienten y promueven la persecución de científicos y de universidades, el «antiintelectualismo» descrito por Stanley. No sin razón el presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil fue despedido después de demostrar un crecimiento de 40% en la deforestación de la selva amazónica en los últimos 12 meses. Es un hecho alarmista y, por lo tanto, «antinacionalista». Pero, inesperadamente, podría ser que la Amazonia ofrezca el salvavidas a un país que se hunde mediante políticas fascistas. El Papa Francisco dijo que estaba preocupado por la “mentalidad ciega y destructiva que prioriza el beneficio económico a la justicia” y convocó el Sínodo para la Amazonía para definir el papel de la Iglesia Católica en la defensa de la región y de los pueblos indígenas. Es cierto que son diferentes agentes políticos, ya que la misma Iglesia que promueve la homofobia y la misoginia que deleitan a los líderes ultraconservadores, es la que se manifiesta contra las políticas ambientales depredadoras. Por lo tanto, debe haber esperanza de que, en la fragmentación de las alianzas de poder, la Amazonía salve los derechos humanos.

Debora Diniz es brasileña, antropóloga, investigadora de la Universidad de Brown.

Giselle Carino es argentina, politóloga, directora de IPPF/RHO

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