Política en tiempos de crisis

En momentos como este las instituciones públicas son nuestro instrumento más poderoso como sociedad y quizá el único de los que tienen menos recursos. o podemos permitirnos sustituirlas ni renunciar a ellas

Las crisis reclaman actuar. Esperamos decisiones claras, rápidas y efectivas ante amenazas que, de un modo u otro, superan nuestras capacidades ordinarias. Amenazas que, además, se identifican como tales unánimemente y, en consecuencia, parecen demandar respuestas únicas y correctas, ajenas al pluralismo propio de la política.

En este contexto, la política, que es esencialmente discusión, puesta en duda y pluralidad de opciones y respuestas, puede parecer prescindible cuando no disfuncional. Expertos y gestores parecen más adecuados que los políticos para hallar y poner en práctica tales respuestas correctas; y en efecto afloran sin cesar propuestas con ese aval y que se presumen alejadas de la discrepancia partidista.

Sin duda, la política está detrás de esas capacidades, ordinarias y extraordinarias, con las que contamos y que hoy se ven sobrepasadas por una crisis que pone de manifiesto sus limitaciones. Son decisiones políticas las que configuraron los instrumentos con los que contamos, las que determinaron la situación en que nos alcanza la crisis y hasta el número y calidad de los expertos y gestores existentes. Fueron decisiones políticas las que construyeron nuestro sistema sanitario, las que lo reforzaron y también las que fijaron sus límites. Es la política quien fija las prioridades sociales; y son las instituciones quienes permiten que esa fijación se haga de modo público, responsable, consciente de sus efectos y alternativas y con respeto de los valores que hemos decidido proteger reforzadamente. Ni los estudios de televisión ni las calles pueden hacerlo. Las instituciones públicas son nuestro instrumento más poderoso como sociedad; y son quizás el único instrumento para quienes disponen de menos recursos. Si no funcionan o no lo hacen suficientemente, podemos reformarlas o cambiar a sus miembros; pero no podemos permitirnos sustituirlas ni renunciar a ellas. Los ciudadanos necesitamos de las instituciones, pero las instituciones debemos escuchar sus demandas y atenderlas, en el marco de lo posible.

Esa es sin duda una discusión sobre el pasado, útil para recordar y para mejorar nuestras capacidades futuras, pues será también una discusión de futuro; pero de escasa ayuda para encarar la crisis, más allá de certificar la dignidad de quienes intervienen en el debate y prevenirnos frente a quienes quieren hacer de las crisis económicas, sanitarias o ambientales crisis institucionales

Hemos decidido mantener la discusión política durante esta crisis. Nuestros representantes y nuestros Parlamentos mantienen sus funciones y debaten sobre la acción frente a la pandemia de la Covid-19. Y adoptan las decisiones fundamentales al respecto. Así es en todos los países democráticos y así es en España. Y creo que es bueno exponer las razones para actuar así.

Expertos y gestores lo son en aspectos concretos. Pero las crisis invariablemente afectan a diversos ámbitos y valores; y exigen ponderar sus efectos en todos ellos. Esa ponderación es eminentemente política, también porque sobre el peso de los valores afectados no hay expertos, sino juicios y opciones personales y sociales, esto es, juicios y opciones políticas: de las posibilidades de proteger la vida a la sostenibilidad económica de nuestra sociedad, de la afectación a la dignidad al respeto de la autonomía y la eficacia, del coste presupuestario al mantenimiento del orden público.

La pluralidad, por otro lado, también existe en cuanto a las respuestas técnicas. Por desgracia, no hemos desterrado la incerteza y las crisis surgen siempre en ámbitos de duda e inseguridades. La “respuesta correcta” no es siempre fácil de identificar, ni hay consenso sobre la misma o sencillamente no existe. Confiar la decisión, en tales casos, a la política democrática es signo de humildad y respeto al otro, que quizás tenga razón; pero sobre todo es un instrumento para conseguir que esa decisión sea informada, razonada, integre el máximo de aportaciones; sea asumible por los ciudadanos y se adopte de modo plenamente responsable.

Hacer realidad estas exigencias es la tarea de la política. Las sesiones parlamentarias a las que sometemos decisiones y propuestas de los Gobiernos no son un escaparate para la lucha partidista ni una finalidad en sí mismas. Son nuestro instrumento fundamental para cada uno de esos objetivos:

1. Para explicar y razonar públicamente las medidas. Porque sólo las medidas convincentes tienen posibilidades de éxito. Y sólo se explica con convicción cuando debe darse respuesta al otro, cuando se enfrentan sus dudas, objeciones y alternativas. Expresarlas, considerarlas y responderlas es la obligación de oposición y Gobierno. Y por ello asumen la correspondiente responsabilidad.

2. Para integrar en las medidas el máximo de aportaciones y evitar que algunas pasen desapercibidas. Partidos y medios de comunicación enfatizamos lo que nos separa, pero la inmensa mayoría de decisiones parlamentarias integran posiciones de todos los grupos, más allá de la mayoría gubernamental existente. También, o sobre todo, en tiempos de crisis.

3. Para garantizar que quien decide lo hace sometido al control y a la presión del otro; que es consciente de las alternativas y que sabe que su posición debe contar con el rigor necesario para superar el escrutinio público y de la oposición. Y también para someter esas alternativas y ese control a las reglas propias del debate parlamentario y al mismo escrutinio público.

4. En fin, para poder responder a la crisis, la sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas, con un uso intenso y responsable de lo público, que es quien siempre asume la respuesta y la responsabilidad de actuar. En crisis, nos refugiamos todos en los medios públicos, y a los representantes públicos corresponde en consecuencia dirigir la respuesta. De la crisis saldremos gracias a lo público; gracias, pues, a las decisiones políticas que lo generaron y a las que lo ponen en funcionamiento. Saldremos gracias a las instituciones de todos.

Pero estas finalidades no se alcanzan de modo automático. La política la hacemos personas, y de nuestra responsabilidad y acierto depende que el sistema parlamentario funcione y sus fines se hagan reales también en la gestión y superación de las crisis. En tales casos, el pluralismo de nuestros parlamentos debe ser solo un instrumento real para que prime la unidad en el objetivo que ahora todos compartimos: superar la crisis de la Covid-19. Para ello es requisito inexcusable el respeto por el otro; un respeto que nace de la necesaria humildad propia y de la conciencia de las limitaciones, las propias y las que impone la realidad.

Admitamos las limitaciones y asumamos, sin rendirnos, que en ocasiones chocaremos con obstáculos insuperables. Ni ciencia ni política son infalibles. Con muertes de seres queridos, con afectación de los negocios, con incertidumbre sobre el futuro, con pisos pequeños y sin luz… Sé que es difícil, pero más que reproches y diatribas, demoliciones y bilis, hace falta prudencia, serenidad, comprensión y empatía. Respeto por el trabajo y la contribución ajena y prudencia en su valoración; comprensión por el esfuerzo realizado e incluso por la impotencia que pueda encontrar; implicación en la oferta de respuestas; empatía y solidaridad con quienes más sufren, con quienes pierdan recursos, fuerzas y, sobre todo, personas queridas. Son esos los signos que distinguen a quienes luchan contra la crisis, quienes se comprometen para superarla, frente a quienes querrán utilizarla para sus intereses. A todos ellos, trabajadores hoy esenciales en tantos ámbitos, autoridades y representantes públicos responsables, muchas gracias.

Meritxell Batet es la presidenta del Congreso de los Diputados.