Doble opacidad

Negociar por vía interpuesta es lesivo para el sistema

El juego de pactos para la formación de gobiernos en Madrid y Navarra ilustra a la perfección un síntoma paradigmático del actual sistema político, la existencia de negociaciones interpuestas y opacas, una situación que tiene el riesgo de resultar muy lesiva para las instituciones y el normal funcionamiento de la democracia. Un orden constitucional democrático, sometido al escrutinio público, requiere inevitablemente de transparencia en la formulación de los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas, pero para que se produzca una rendición de cuentas real ante el electorado, dicha transparencia no puede limitarse únicamente al contenido, sino abarcar también a los actores políticos reales.

El rechazo retórico de Ciudadanos a pactar con Vox en la Comunidad de Madrid, obviando que la fuerza ultraderechista de Santiago Abascal juega un papel decisivo en la progresiva desestabilización política de la comunidad autónoma, es análogo a la actitud del Partido Socialista de Navarra con Bildu, pretendiendo ignorar que se beneficiará de su abstención para acceder a la presidencia de la comunidad foral. Si resulta problemático llegar a un acuerdo con Vox bajo el argumento de que es otro quien en realidad está negociando, también lo será incluir determinadas concesiones para un acuerdo de investidura cocinado por vía interpuesta.

El PSN, liderado por María Chivite, anunció el pasado viernes un acuerdo programático con los nacionalistas de Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra (I-E), un pacto que supone de facto la vía hacia su investidura como futura presidenta de la comunidad foral. Aunque la todavía aspirante socialista se ha mostrado públicamente rotunda a la hora de rechazar cualquier tipo de diálogo o negociación con la izquierda abertzale, el programa de gobierno prefigurado en los 77 folios del mencionado acuerdo incluye algunos compromisos que pueden generar legítimas dudas sobre su idoneidad. Entre ellos, destaca el acuerdo para revisar en menos de un año el decreto aprobado por el anterior Gobierno de Uxue Barkos, en el que se aumentaban en un 1% las plazas reservadas en la Administración para los hablantes de euskera de la comunidad navarra, así como el compromiso para incrementar el peso otorgado al conocimiento de ese idioma en los baremos de puntuación de las oposiciones públicas.

La exigencia de transparencia absoluta es un imperativo democrático ineludible en un tema tan controvertido como el impulso del euskera en las tres zonas lingüísticas en las que está dividida la comunidad foral, sobre todo al situarlo en un lugar prioritario respecto a otros compromisos y al producirse en un contexto como el actual, sobrevolado por el conflicto abierto en Cataluña y necesitando para ello la fuerza política, por vía de la abstención, de un partido como Bildu. Más allá de las legítimas inquietudes que suscita su dudosa transición democrática al juego institucional, y sin olvidar que se trata de un partido legal con pleno derecho a estar presente en las instituciones, su sangrienta historia reciente y el voluntarismo de un programa político abiertamente contrario al orden constitucional de 1978 recomendarían una actitud más prudente del PSN,que debería aclarar si el partido ha decidido modificar su posición respecto a la política lingüística en Navarra.