La Audiencia de Sevilla reabre la pieza política de los cursos de formación

Entiende que hay que produndizar en el caso, archivado en 2016, pero niega al PP la «parcialidad» de la jueza

La Audiencia de Sevilla dio este lunes un nuevo varapalo a la jueza que instruye las macrocausas por corrupción en la etapa socialista al frente de la Junta de Andalucía y ordenó reabrir la denominada pieza política de la formación, que implica a 24 personas por el supuesto fraude en la concesión de ayudas a cursos para el fomento del empleo entre 2007 y 2012. La sala acepta así parcialmente un recurso del PP y admite que aún hay margen para seguir profundizando en la investigación con la práctica de las pruebas que quedaron en el aire tras el sobreseimiento del caso, hace tres años.

Lo que no acepta la Audiencia es la acusación de falta de imparcialidad de la jueza, María Núñez Bolaños, a quien la Fiscalía denunció la pasada semana por «desatención» y «retraso» en estas causas.

En un auto dictado este lunes, la sala Primera de la Audiencia entiende que, «con el material disponible en los autos» no procede ese sobreseimiento de la investigación, que trata de dilucidar si los exaltos cargos de la Junta y empresarios cometieron prevaricación, fraude de subvenciones, falsedad documental y malversación de caudales públicos. Por eso, pide concluir las diligencias solicitadas y que se actualicen los datos facilitados por la administración, que en su revisión de oficio llegó a detectar irregularidades o anomalías en 1.700 de los más de 6.500 expedientes de subvenciones revisados, solicitando el reintegro en firme de 149 millones de euros.

La Audiencia, no obstante, deja claro que en el estado actual de las actuaciones «no concurren elementos bastantes» para decidir si existe, como sostuvo el fiscal al apoyar el archivo, «una situación de descontrol y mala administración que no rebasa el estricto ámbito administrativo; o, por el contrario, una situación de hecho en la que el sistema de control es que no había en la práctica control, conocida y tolerada por los responsables y que ha podido propiciar un mal uso generalizado de las subvenciones otorgadas y la comisión de determinados delitos investigados en otras actuaciones».

Lo que sí considera el tribunal es que «no existen indicios bastantes sobre la existencia de una trama o un concierto entre los investigados y terceros para un reparto arbitrario de fondos públicos», y tampoco de que se repartieran «de forma organizada o planeada los fondos a una red clientelar previa».