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España - 2 semanas ago

El Gobierno evita actuar contra Torra por no retirar los lazos amarillos

Insta al presidente catalán a obedecer la orden pero no recurrirá a la Fiscalía, como han hecho el PP y Ciudadanos

El Gobierno no se plantea por ahora tomar medidas coercitivas que obliguen a Quim Torra a obedecer la orden de retirar los lazos amarillos y pancartas independentistas de los edificios de la administración autonómica. Cree que el presidente de la Generalitat debería acatar la resolución de la Junta Electoral Central pero no va a intervenir ante la Fiscalía para que actúe, a diferencia de lo que hicieron hoy el PP y Ciudadanos que denunciaron ante el Ministerio Público la actitud pasiva del presidente catalán.

La vicepresidenta explicó que el papel del Gobierno es «estar a disposición» del órgano de arbitraje electoral para «cuando lo considere conveniente». Hasta entonces, afirmó Carmen Calvo, se va a limitar a «instar» al presidente catalán a que cumpla las disposiciones de la Junta porque «estamos en periodo electoral» y debe respetar las reglas del juego.

El Gobierno va a esperar a que los ocho magistrados del Tribunal Supremo y los cinco catedráticos que componen el órgano de arbitraje resuelvan este lunes las alegaciones presentadas por la Generalitat. En un caso similar en las elecciones autonómicas catalanas del 21 de diciembre de 2017, la Junta ordenó a los Mossos d'Esquadra que retiraran la simbología soberanista en los edificios del Gobierno catalán. Los agentes, entonces a las órdenes del Ministerio del Interior por la aplicación del artículo 155, entraron en las consejerías y, sin que hubiera enfrentamientos ni incidentes, descolgaron y eliminaron lazos, 'esteladas', pancartas y fotografías. En la Moncloa esperan que la Junta Electoral emita ahora una resolución similar y que se solvente también sin conflicto.

La diferencia ahora es que en la Generalitat hay un Gobierno encabezado por Torra y sustentado en dos fuerzas políticas, Esquerra y Junts per Catalunya, que no han mostrado disposición alguna a obedecer la orden de retirar las banderas y la simbología soberanista. En sus alegaciones, el presidente catalán se aferra, entre otros argumentos, al «derecho a la libertad de expresión». El conflicto, por tanto, parece servido porque si persiste la negativa a acatar la orden, además de la previsible multa, puede desembocar en una acusación de desobediencia a Torra, castigada en el Código Penal con penas de hasta dos y tres años de inhabilitación para cargo público.

Insulto a la democracia

El PP y Ciudadanos decidieron no esperar a que la Junta Electoral vuelva a tomar una decisión y acudieron a la Fiscalía. El secretario general de los populares, Teodoro García-Egea, entregó una denuncia por desobediencia y denegación de auxilio a requerimiento de la autoridad competente. El PP solicita en su escrito la apertura de una investigación. El líder del partido, Pablo Casado, señaló que la exhibición en locales públicos de la parafernalia soberanista es un «insulto a la democracia y al estado de derecho».

Ciudadanos también pasó por las dependencias del Ministerio Público para poner en su conocimiento el incumplimiento de las órdenes de la Junta Electoral y que determine si hay delito en esa conducta. La líder de los liberales en Cataluña, Inés Arrimadas, señaló que es «una auténtica vergüenza» que los edificios públicos de Cataluña estén plagados de «propaganda separatista» durante la campaña electoral, y que el Gobierno de Torra pretenda lo vea con toda normalidad.

Más informacion


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