Batet se estrena con la presión de decidir si suspende a los procesados

La nueva presidenta del Congreso asegura que no está decidido si se reunirá este martes la Mesa para abordar la suspensión de los diputados presos

La nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha señalado este martes antes de la constitución de las Cortes que no está decidido cuando se reunirá la mesa para abordar la posible suspensión de los diputados presos.

En declaraciones a TVE, antes de que el Congreso elija a los nueve miembros de la mesa presidencial, ha asegurado que una vez se constituya la Mesa tendrá que hablar con el resto de componentes cuando se vuelven a reunir.

«No está decidido todavía, se comunicará después. Quiero hablar con el resto de miembros de la Mesa para ver los tiempos», ha explicado Batet, al ser preguntada si esta misma tarde ya se reuniría la institución para estudiar la suspensión de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull.

El asunto, no resuelto por el juez Marchena en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se ha convertido ya en un elemento de confrontación política

La hasta ahora ministra de Política Territorial se enfrentará hoy, nada más estrenarse como presidenta del Congreso, a un dilema: ¿qué hacer con los cuatro diputados que están siendo juzgados por el 'procés' en el Tribunal Supremo una vez hayan jurado el cargo?

Los letrados del Congreso esperaban que fuera el juez Manuel Marchena el que resolviera este asunto y que aplicara la Ley de Enjuciamiento Criminal para suspenderlos en el ejercicio del cargo, al igual que hizo en julio Pablo Llarena con los procesados que tenían escaño en el 'Parlament'. Pero los mensajes que llegan desde el alto tribunal indican que no tiene intención de ser el que resuelva esa papeleta. El asunto ya se ha convertido en elemento de confrontación política.

El presidente del PP, Pablo Casado, y el de Ciudadanos, Albert Rivera, advirtieron el lunes por separado de que este mismo martes exigirán a la Mesa del Congreso la suspensión tanto el líder de Esquerra, Oriol Junqueras -que en cualquier caso tiene intención de renunciar al acta si el domingo es elegido eurodiputado-, como de los diputados de Juns per Catalunya Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull.

El instrumento que tendría a su disposición el órgano de gobierno parlamentario -en el que el PSOE tiene tres puestos, Podemos dos y PP y Cs otros dos cada uno- es el artículo 21 del reglamento, al que ya hacía referencia Marchena en el auto del pasado martes y en el que autorizó a los políticos catalanes en prisión preventiva a acudir a la Cámara para tomar posesión de sus escaños. Pero los servicios jurídicos de la institución no tienen claro que la literalidad de la norma permita su aplicación para este caso concreto.

Clima electoral

Lo previsible es que Batet, antes de decidir nada, solicite el informe pertinente de los letrados, que podría tardar aún varios días. El obligado paréntesis, sin embargo, no servirá para frenar la trifulca. No hay que perder de vista que esta es la última semana de campaña para las elecciones europeas, autonómicas y municipales. Un marco que hace difícil un debate sereno sobre una cuestión tan delicada, que afecta a derechos políticos.

Casado, no en vano, arremetió el lunes preventivamente contra la dirigente del PSC, a la que acusó de haber mantenido hasta ahora una actitud connivente con el secesionismo. Rivera le reclamó «absoluta celeridad» («la legislatura no puede empezar con quienes han dado un golpe de Estado sentados en el escaño», dijo). Y, en el otro extremo, Podemos, que tiene dos puestos en la Mesa, uno de ellos del número dos de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello, dejó caer que defenderá que los procesados mantengan incólumes sus derechos.

Una suspensión inmediata también serviría a Esquerra y los neoconvergentes para insistir en presentarse como víctimas de la represión -«nos quieren callados y sometidos», dijo Junqueras en una carta leída por el portavoz de su grupo, Gabriel Rufián– a pesar de que fuentes de JxCat afirman en privado que dan por hecho que es el paso natural.

Tras las críticas de PP, Ciudadanos y Vox que ven un «bochorno» en que los diputados encarcelados se hayan acreditado como diputados y participen en la sesión constitutiva, Batet ha admitido que la situación es «excepcional», pero ha defendido que se está actuando en cumplimiento de resoluciones judiciales.