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Politica - 17.02.2019

La delincuencia más dura asociada a las bandas de narcos huye del Campo de Gibraltar

Un coche patrulla de la Policía vigila el barrio de La Atunara de La Línea –

«Los narcos han tenido que abrir otras vías, montar infraestructuras en otras zonas y eso les debilita»

El Campo de Gibraltar es una zona «olvidada y denostada por los responsables políticos» de la que «se han adueñado las mafias del narcotráfico junto a todos sus súbditos y acólitos económicos». Son palabras de la juez de Algeciras Belén Barranco, en el auto por el que envió a prisión a ocho individuos que agredieron a nueve guardias civiles el 12 de mayo. La magistrada comparaba el sur de España con el Nápoles de la «Cosa Nostra».

La Policía Nacional hacía entonces un diagnóstico similar, al alertar, en un documento al que ha tenido acceso ABC, de que «elementos como la impunidad y las agresiones a la autoridad» podían dar paso a una «incipiente aparición de un estado de poder del narco paralelo». El teniente coronel de la Guardia Civil Ramón Clemente coincide en el análisis: «Había que restablecer el principio de autoridad en la zona, acabar con esa sensación de que los narcos podían campar a sus anchas».

El 5 de julio el ministro del Interior se reunía en la zona con responsables de Policía y Guardia Civil y regresó «muy preocupado». Tanto que el 24 de ese mismo mes se aprobaba el «plan especial de seguridad para el Campo de Gibraltar», con medidas policiales operativas, de seguridad, de inteligencia y con participación ciudadana, que han supuesto un revulsivo y un cambio que ya se aprecia. «El Estado ha vuelto», resume Grande Marlaska.

La primera evaluación de dicho plan, a la que ha tenido acceso ABC, refleja por un lado un notable aumento de detenidos y del volumen de aprehensiones (sobre todo tabaco y hachís). Entre agosto y diciembre pasado la Guardia Civil confiscó 40.915 kilos de hachís y otros 28.141 la Policía. En cuanto a detenidos, hubo 1.975, en este caso más por parte de este último Cuerpo, que hizo 1.290, por 685 del Instituto Armado. Pero no solo eso; el refuerzo policial y las investigaciones patrimoniales a los grupos criminales ha tenido otras consecuencias de gran calado.

Presión policial

Interior reconoce que no puede hablarse de un desplazamiento de la criminalidad organizada a otras zonas, pero sí de una «derivación de conductas vinculadas con los narcos hacia otros territorios como la provincia de Málaga». La presión a los clanes de la droga ha supuesto un repunte de delitos violentos que tienen su origen en los grupos que actúan en el Campo de Gibraltar. «Los ajustes de cuentas se han desplazado a la Costa del Sol; es allí donde los grandes capos se asientan porque pueden disfrutar de una vida de lujo que en el Campo de Gibraltar no existe», afirma a ABC Francisco López Gordo, comisario jefe de Algeciras, que añade: «También hay más vuelcos (robos de droga entre bandas) porque hemos atacado las organizaciones más fuertes y las que les sustituyen no tienen la misma autoridad en ese mundo, y porque se han visto obligados a trasladar su infraestructura a otros puntos en los que no cuentan con el mismo apoyo social que en el Campo de Gibraltar». Los secuestros se perpetran en otros lugares por motivos similares. «El incidente del hospital -una veintena de individuos se llevaron en volandas a un narco que estaba detenido- fue un punto de inflexión. Había que hacer algo».

«Tras estudiar la situación -relata el teniente coronel Clemente- consideramos que aunque el foco del problema estaba en el Campo de Gibraltar, sin duda se extendería a otros territorios cuando las organizaciones de traficantes se sintieran presionadas. Por eso decidimos involucrar, además de a la Comandancia de Algeciras, a la de Cádiz, Málaga, Sevilla y Huelva. No nos equivocamos, porque ya vemos cómo estos grupos han desplazado sus actividades a esas provincias». «La clave -añade Clemente- es que nuestras estructuras son flexibles, de modo que si los narcos cambian de procedimientos nos amoldamos».

Tanto la Guardia Civil como la Policía ya habían empezado a tomar decisiones operativas antes de la puesta en marcha oficial del plan. «A finales de marzo -precisa el comisario de Algeciras- activamos el Plan Meridional, que supuso la llegada de grupos de las UPR de otras zonas de España que estaban de servicio aquí entre 15 y 20 días. En ese tiempo ni podían establecer vínculos en la zona ni tampoco la gente del narco tenía capacidad para ficharlos. Con eso avanzamos mucho a la hora de recuperar cierta normalidad».

Resultados

Solo el año pasado entre La Línea y Algeciras, la Policía intervino unos cien mil kilos de hachís. «En la zona actuaban diez o doce clanes y los principales los hemos descabezado, como el de Los Castaña o el de Emilio el Moro. Queda alguno menos importante y hay otros que quieren ocupar su lugar», explica el comisario. «Les ha obligado a abrir otras vías, montar infraestructuras en otras zonas, pero eso les hace más vulnerables porque allí carecen de apoyo social», continúa.

El plan especial recibió el espaldarazo definitivo cuando lo aprobó el Consejo de Ministros el pasado 16 de noviembre y lo transformó en un plan integral. Se articuló en torno a cuatro objetivos para combatir lo que la juez Barranco describió como «ciudad sin ley» o el imperio de «la ley del más fuerte». Devolver la seguridad pública a los municipios de la zona; reforzar las capacidades operativas y de inteligencia; aumentar la coordinación con el Ministerio Fiscal y los tribunales y dotar a los agentes de los medios materiales y tecnológicos necesarios para frenar la amenaza del narco fueron los ejes de la estrategia. Para cumplirla se dispuso de dinero: 7,5 millones para 2018 y 21 millones para este año.

«El narcotráfico no es nuevo en el Campo de Gibraltar, pero cuando se decidió poner en marcha el plan especial los traficantes no respetaban el principio de autoridad, las agresiones a guardias civiles y policías se sucedían sin consecuencias y hasta se permitían el lujo de arrebatar a las Fuerzas de Seguridad a alguno de sus compañeros cuando eran detenidos… Se estaba dando una imagen de impunidad, se grababa a los narcos alijando en las playas. Había que cortarlo, revertir la situación para que no se fuera de las manos», explica el teniente coronel Clemente.

El cuerpo a cuerpo de las unidades policiales uniformadas contra los traficantes se ha traducido en operaciones constantes, pero lo fundamental, lo que logrará descabezar a las organizaciones criminales es cortales sus vías de financiación. Esa es la segunda gran pata del plan: las investigaciones patrimoniales. La Policía ha destinado a sus especialistas de los servicios centrales para apoyar a la Policía Judicial de Cádiz, mientras que la Guardia Civil ha creado el Centro de Concentración contra el narcotráfico y un Órgano de Coordinación de operaciones contra el narcotráfico, reforzados con personal de Policía Judicial e Información.

Blanqueo

«El plan -diseñado en agosto por la Guardia Civil- estaba plenamente operativo en septiembre y desde entonces hasta el 31 de diciembre confiscamos 80 toneladas de hachís. En cuanto a detenidos, en ese periodo hubo 461, y desde enero hasta ahora 138 más», detalla el teniente coronel. «Hay que arrancar la raíz y para eso son las investigaciones económicas y patrimoniales. Hemos creado un grupo específico de blanqueo, que ya empieza a dar resultados. Hasta diciembre se intervinieron a narcotraficantes bienes valorados en 12 millones».

«Además de intervenir la droga había que atacar su logística, desmantelar guarderías, zulos hidráulicos, quitarles radares y drones, confiscarles las embarcaciones y cortarles el suministro de combustible», añade el comisario. El control del puerto de Algeciras también se considera clave y, por supuesto, la colaboración con la sociedad civil, la que sufre al narco en sus carnes.

Narcolancha intervenida por la Guardia Civil en Algeciras –

Aumentan las denuncias de los sujetos obligados por sospechas de blanqueo

Una consecuencia del plan especial para el Campo de Gibraltar ha sido el aumento de las comunicaciones (denuncias) sobre posible blanqueo de capitales por parte de los sujetos obligados. Se ha apreciado una mayor «sensibilización», sobre todo en el tercer trimestre de 2018 a raíz de las noticias relacionadas con el deterioro de la seguridad y el refuerzo policial y judicial.

Según el análisis del Sepblac, el principal indicio de sospecha es el uso intensivo de dinero en efectivo, vinculado a los patrones económicos de los grupos de narcos de la zona. En las comunicaciones de operaciones sospechosas aparecen transacciones inmobiliarias, transacciones financieras de empresas náuticas y operaciones de efectivo sin justificación (muleros bancarios).

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