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Opinión - 24.05.2019

Test de estrés a la democracia

El juicio del ‘procés’ no parece vaya a acabar con la democracia, está poniendo a prueba su resistencia para dar respuesta a los problemas

Los test de estrés son pruebas que se aplican a la banca y las empresas, sometiéndolas a duras condiciones para comprobar su resistencia. El juicio a los políticos catalanes está sometiendo a la democracia española a un exigente test de estrés, que si bien no parece vaya a acabar con ella, está poniendo a prueba su resistencia para dar respuesta a los problemas.

Las decisiones judiciales no han de valorar la calidad democrática de las leyes sino comprobar si estas se han infringido. Pero a la vez, deben interpretar la ley de la manera más favorable a los derechos individuales, porque eso es una exigencia democrática. Además, esas decisiones judiciales recaen sobre políticos que cuentan con un amplio apoyo social o incluso son representantes elegidos por la soberanía popular. Y la tensión entre lo jurídico y lo político o entre las instituciones implicadas hace crujir las cuadernas del barco.

La prisión preventiva de los acusados además de desproporcionada, provoca conflictos sobre la suspensión de los diputados electos en un nuevo e intenso crujido. Pero, con todas las cautelas, creo que, hasta ahora, el test de estrés se está superando razonablemente. La publicidad del juicio y de sus garantías, y muy especialmente, la participación de los procesados electos en la constitución de las Cámaras son buenas decisiones jurídicas con efectos pedagógicos en el plano político, pese a algún lamentable espectáculo.

Desde luego, no será así para quienes consideran que es democrático infringir la ley en nombre del pueblo, pero es autoritario aplicarla en contra de sus intereses. Tampoco estarán de acuerdo quienes han considerado bochornoso que supuestos delincuentes recojan su acta de diputado tras haber sido elegidos por los ciudadanos, olvidando que en eso consiste, precisamente, la presunción de inocencia impuesta por la Constitución. Pataleos y barullo aparte, quizá reivindican una democracia militante, entendida como aquella que exige adhesión a los valores constitucionales y legitima la sanción de las ideologías que se oponen a ellos. Es cierto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha admitido en algunas ocasiones, pero el Tribunal Constitucional español ha manifestado la distinta orientación de la Constitución española, afirmando que protege incluso a quienes la niegan (Sentencias 176/1995 y 235/2007, entre otras). Parece que el patriotismo autoproclamado constitucionalista lo concibe como una suerte de constitucionalismo a la carta en el que se pueden apoyar o no las exigencias constitucionales en función de lo que interese.

La democracia no militante según el Constitucional, ¿es muestra de ingenuidad o, por el contrario, de seguridad y fortaleza? Seguro que es mucho más difícil admitir los derechos del contrario cuando éste no admite el marco constitucional. Pero creo también que, si se superan los conflictos admitiendo la discrepancia, la democracia resulta fortalecida. En eso estamos.

Mercedes García Arán es catedrática de Derecho Penal.

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