Se necesita pedagogía

La cesión de la gestión de la seguridad social del Ejecutivo vasco está recogida en el Estatuto de Gernika de 1979 y es, por tanto, legal

En 1996 José María Aznar, cuando necesitó los votos de Jordi Pujol para sortear su investidura como presidente del Gobierno cedió a sus exigencias y eliminó una figura tan simbólica como tradicional, los gobernadores civiles, datada desde 1833 por Javier de Burgos, y la sustituyó por los subdelegados del Gobierno. Con este y otros precedentes similares, la derecha no tiene autoridad moral para atacar a este Gobierno por abrirse a la cesión de la gestión económica de la seguridad social al Ejecutivo vasco porque su carácter es simbólico.

La cesión de esta competencia del Ejecutivo central al autonómico vasco está recogida en el Estatuto de Gernika de 1979 y es, por tanto, legal. La razón por la que su traspaso se haya demorado más de cuatro décadas es porque el Gobierno vasco, presidido por el PNV, ha pretendido reiteradamente no sólo la transferencia de los medios personales y materiales de la seguridad social en Euskadi sino su recaudación y la ruptura de la caja única, que siempre rechazaron los gobiernos centrales, del PSOE o del PP. Trató de aplicar la cosoberanía del Concierto Económico a la Seguridad Social.

Esta situación cambió en noviembre de 2016 cuando en la negociación del programa del actual gobierno de coalición PNV-PSE, presidido por Iñigo Urkullu, los peneuvistas asumieron, por vez primera, que el traspaso no afectaría a la caja única de la seguridad social. Es la moderación del PNV la que hace factible un traspaso que en cuarenta años ha sido imposible. La transferencia de la gestión de la seguridad social tampoco será inminente. Ayer ambas administraciones decidieron incluirla en el paquete de traspasos para culminar esta legislatura el desarrollo del Estatuto de 1979. Pero será la última en cerrarse, a fines de 2021, por su complejidad.

Ambas administraciones tienen por delante una importante tarea pedagógica. La seguridad social es un símbolo de la solidaridad entre trabajadores activos y pensionistas, entre sanos y enfermos y entre unas comunidades y otras. Esa solidaridad se puso especialmente de relieve con la última recesión económica y es normal que su traspaso levante recelos, sobre todo fuera de Euskadi, aunque el cambio se limite, en la práctica, a cambiar en las ventanillas vascas de la seguridad social una bandera por otra.

Aunque el efecto para la ciudadanía sea neutro, hay un hartazgo hacia las reivindicaciones competenciales donde gobiernan partidos nacionalistas. La causa principal es la deslealtad mostrada por el soberanismo catalán. Muchas personas que compartían el desarrollo del autogobierno de las comunidades como una parte del desarrollo constitucional, ahora ven en las gobernadas por nacionalistas un paso más hacia su soberanía y una muestra de insolidaridad. Desmontar este recelo, con hechos y pedagogía, es tarea clave de la izquierda, una de cuyas bandera s es la solidaridad, en su saludable pretensión de dialogar con el nacionalismo.