Por sus pasos

La suspensión de los electos secesionistas no puede ser banalizada

Ayer quedaron formalmente constituidas bajo la presidencia de los socialistas catalanes Meritxell Batet y Manuel Cruz las dos Cámaras legislativas configuradas por las elecciones generales celebradas el pasado 28 de abril. Ambas sesiones estuvieron marcadas por la presencia en los escaños de diputados y senadores independentistas en prisión preventiva mientras se sustancia el proceso penal que se sigue contra ellos en el Tribunal Supremo. La expectación que despertaba su presencia hacía innecesaria la sobreactuación en que incurrieron al acatar la Constitución, realizándola bajo fórmulas exuberantes que nada parecieron aportar al hecho esencial de que finalmente la juraron o la prometieron. Entre la sobriedad que exige representar a los ciudadanos en un parlamento democrático y el espectáculo que solo aspira a jalear al propio electorado durante un instante de autosatisfacción, los electos independentistas se inclinaron por esto último, y no siempre evitando la vergüenza ajena.

Más que la protesta que pretendían, su gesto no pasó de una estéril algarabía para disimular ante sus partidarios que fueron las libertades y las garantías establecidas por la Constitución, cuya existencia no cesan de negar, las que han amparado su derecho a concurrir en unas elecciones, recoger sus actas de diputados y senadores, y adquirir la condición plena de parlamentarios. Lejos de constituir el despropósito que afirmaron los líderes del Partido Popular y Ciudadanos, la presencia en ambas Cámaras de los dirigentes independentistas encausados es una prueba concluyente de la manipulación en la que incurren al sostener que en España se persigue el programa de la secesión. De lo que están respondiendo ante el Tribunal Supremo no es de promoverlo, como han hecho durante la campaña electoral y es de suponer que seguirán haciendo sus correligionarios en el Congreso y el Senado, sino de tratar de imponerlo por vías de hecho a una mayoría de ciudadanos de Cataluña que lo rechaza.

El Partido Popular y Ciudadanos quisieron dejar claro desde la sesión inaugural que su intención durante la nueva legislatura no es alcanzar ninguna política común frente a la crisis en Cataluña. Antes por el contrario, la búsqueda de diferencias con el partido socialista llegó ayer al extremo de exigirle con desplazada solemnidad el cumplimiento de aquello a lo que la ley obliga, cuando ni siquiera su candidato a la presidencia ha recibido el respaldo para formar Gobierno. Esta estéril precipitación por mostrar severidad frente al independentismo, en lugar de por articular un consenso que permita revelar su auténtica naturaleza tanto interna como internacionalmente, puede precipitar errores a la hora de abordar el primer problema al que se enfrentan las Cámaras recién constituidas: la suspensión de los diputados y senadores secesionistas procesados en el Tribunal Supremo.

La decisión no puede ser banalizada en un sentido ni en otro puesto que involucra principios esenciales del sistema democrático como la separación de poderes, el derecho de sufragio pasivo o la seguridad jurídica. El Tribunal Supremo ha cumplido su deber al remitir el auto de suspensión a la Mesa del Congreso; es el momento de que esta cumpla el suyo recabando los dictámenes jurídicos que considere necesarios para hacerlo por sus pasos, y rigurosamente conforme a derecho.