¿Por qué seguimos sin pacto educativo?

Como demuestra nuestra trayectoria en PISA, nadie gana cuando la educación se usa como herramienta para dividirnos

Los últimos resultados de PISA son malos. No más malos que los de algunos países europeos, pero son malos. Primero, España sigue por debajo de la media de la OCDE. En matemáticas, por ejemplo, somos el país número 25 del grupo de 40 países que se examinan. Segundo, no ha habido progresos, sino más bien retroceso en las únicas áreas que sabemos, matemáticas y ciencia, tanto a nivel absoluto como relativo. Tercero, las desigualdades entre CCAA siguen siendo demasiado elevadas, aunque no van en aumento y tampoco son mayores que las de otros países como Canadá o Italia. En matemáticas la distancia entre la mejor y peor comunidad autónoma es de más de 40 puntos, lo que implica una diferencia de más de un curso escolar.

Cuarto, donde sí hay desigualdades crecientes es entre España (y la mayoría de países avanzados) y los países emergentes, sobre todo asiáticos. La distancia entre los resultados de matemáticas entre España y China es de 98 puntos, el equivalente a más de 3 cursos escolares (¡en niños de 15 años!). En un mundo con creciente movilidad laboral global, en el que más de 8 millones de graduados chinos se incorporan al mercado laboral cada año, nuestros alumnos lo van a tener complicado para competir en igualdad de condiciones. En quinto lugar, también tenemos un problema grave de excelencia. Mientras en España hay alrededor de un 5% de alumnos excelentes, en países de renta similar como Bélgica (20%) o Korea (33%) los resultados son mucho mejores. Finalmente, está el problema de la equidad y la segregación escolar donde también estamos en el vagón de cola. La probabilidad de repetir curso es cuatro veces más alta entre los alumnos pobres que entre los ricos, siendo la segunda brecha más alta de toda la OCDE.

Cada vez que se publican los resultados de PISA sucede más o menos lo mismo. Analistas, colectivos y medios de comunicación denuncian las debilidades de nuestro sistema, los padres se frustran, los políticos se echan las manos a la cabeza y todos reclaman con vehemencia un gran pacto educativo. Sin embargo, ese pacto nunca llega ¿Por qué?

El problema es que, como sucede tantas veces, a algunos de los actores implicados no les interesa que las cosas cambien. Primero, los partidos políticos tienen un conflicto entre sus incentivos de corto plazo y los intereses del país. Un pacto educativo es un premio demasiado suculento como para cedérselo al partido rival que gobierna. La última vez el PSOE reventó la mesa del pacto educativo en marzo de 2018 porque le interesaba separarse de “la derecha” para preparar el terreno para la moción de censura que vino después. La anterior vez, el PP reventó el Pacto educativo porque no le interesaba que Gabilondo se apuntara ese tanto, a pocos meses de las elecciones de 2011.

Segundo, como también sucede en otros ámbitos, los actores más ruidosos y mejor organizados muy a menudo no son un buen reflejo de la comunidad a la que se supone que representan. Por ejemplo, algunos sindicatos de profesores muy organizados defienden legítimamente sus intereses —que no se les evalúe o que no se colabore con profesores externos para el refuerzo educativo—pero eso no es lo que piensan “los profesores” ni tampoco es “el interés de la comunidad educativa”. Algo similar sucede con algunas organizaciones de padres: los padres somos muy importantes en la educación, pero nuestras opiniones no son mejores que la de cualquiera sobre las políticas educativas, por mucho que nos preocupen. Por su parte, las organizaciones que defienden la escuela concertada defienden unos intereses muy legítimos, pero también sesgados, en este caso hacia los padres de renta media-alta.

De esos problemas anteriores se deriva otro: el marco del debate educativo que imponen partidos y organizaciones está diseñado para que sea imposible alcanzar acuerdos. Por una parte, a las organizaciones les interesa defender sus intereses y eso a menudo resulta en que los intereses más importantes, los de los alumnos (los de todos), no los defiende nadie. Por otra parte, puesto que a los partidos les conviene que siga viva la polarización solamente hablan de los temas que les dividen (religión vs ciudadanía, concertada vs pública). Eso se traduce en un empobrecimiento del debate del que participan los medios de comunicación: nos pasamos el día hablando de problemas que no son los más importantes, sino los más polarizantes. Y sucede algo peor; la percepción de la ciudadanía es que las distancias entre unos partidos y otros son enormes. Cuando en realidad están de acuerdo en el 80% de lo que se debate.

En la pasada legislatura se creó una Subcomisión para un pacto por la educación en el Congreso de los Diputados. Duró un año y medio y hubo más de 80 comparecientes. Cualquiera que siguiera más o menos de cerca esa comisión vivió el fracaso con enorme frustración. La realidad es que allí emergieron amplios consensos tanto en el diagnóstico de las enfermedades de nuestro sistema (que se reflejan en PISA) como en las soluciones.

Tenemos un problema en la carrera profesional docente, unos profesores poco motivados que trabajan de forma aislada y que no tienen herramientas ni incentivos para mejorar. La gran mayoría de los partidos comparten que sería bueno poner en marcha un sistema parecido al MIR de los médicos para profesores. Tenemos un problema con el currículum: es demasiado extenso y demasiado memorístico. Casi todos están de acuerdo en que sería mejor centrarnos más en enseñar habilidades útiles (escribir bien, pensar de forma crítica, etc.) que en memorizar doscientos ríos de España o crear una nueva asignatura para cada problema político que emerge. Tenemos otro problema con la gestión de los centros: casi todos los partidos están de acuerdo en que sería mejor que tuvieran más autonomía y más profesionalización en su gestión. Por otro lado, está la falta de información: hay un consenso amplio en que debe de haber más evaluaciones (aunque no tuvieran implicaciones curriculares) para saber lo que estamos haciendo mal y corregir. Por si fuera poco, los partidos también están de acuerdo en que el abuso de la repetición es un problema grave: sale muy cara, es injusta y no sirve para que los alumnos tengan más éxito. Y finalmente tenemos también un problema con el abandono escolar temprano —el segundo más alto de la UE— que en parte se deriva de los anteriores. Todos estamos de acuerdo en que necesitamos invertir más en programas con profesores de refuerzo como el PROA que funcionan, en vez de eliminarlos.

En todas esas áreas existen consensos amplios. En otras no. Pero si se lograra avanzar en los espacios donde sí hay acuerdo, habríamos dado un paso de gigante. Como demuestra nuestra trayectoria en PISA, nadie gana cuando la educación se usa como herramienta para dividirnos.

Toni Roldán Monés es director de Esade EcPol, Center for Economic Policy & Political Economy y fue secretario de programas de Ciudadanos.