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Opinión - 05.12.2019

¿Por qué nos pesa tanto PISA?

Es preciso articular espacios de consenso para superar la dinámica partidista de la educación

Imagínese que llega junio y tiene que hacer el examen final que determina todo el trabajo del curso. Imagínese además que, a lo largo del curso escolar, no ha habido evaluaciones intermedias que le han proporcionado información y posibilidad de aprender en el proceso. Puede entonces suponer que, al llegar a la prueba final, tendrá unos altos niveles de ansiedad hacia los resultados, porque de un día para otro pasará de la más absoluta oscuridad a que una linterna le apunte directamente en la cara.

Esto, que usted ha vivido en su vida de alumno, es precisamente lo que le ocurre al sistema educativo español cada vez que salen los resultados de PISA cada tres años. En otros países de nuestro entorno, PISA suele pasar más bien inadvertida, ya que muchos disponen de un modelo de evaluación externa, algo fundamental para la mejora de los sistemas educativos. Sin embargo, en España, no hemos sido capaces de construir y acordar un modelo común, periódico y útil para las escuelas. Como consecuencia, cada vez que se publican los resultados de PISA, la prueba acaba cumpliendo un papel excesivamente protagonista para el que no fue diseñada.

En España, la evaluación externa tiene apenas década y media de historia. A nivel nacional, se ha hecho poco: solo se han desarrollado dos evaluaciones externas (en 2009 y 2010); y a nivel autonómico, se ha hecho más, pero de forma inconexa ya que varias comunidades autónomas conviven con dos modelos muy distintos (LOE y LOMCE). El resultado ha sido la aparición de brotes de desconfianza hacia las pruebas en general y, en los casos más extremos, las llamadas al boicot de las evaluaciones. En este río revuelto, PISA triunfa por nuestra propia incomparecencia. Y, por si fuera poco, somos el país que más nos gastamos en PISA, ya que las 17 comunidades autónomas participan con sus propias muestras representativas, lo que nos hace tener el mayor número de alumnos de todos los países que participan en PISA.

La falta de acuerdo en torno a un modelo de evaluación no solo nos ha traído hasta aquí, sino que se agrava cada vez que se publica una nueva edición de PISA. En esta última edición, la noticia son los problemas de aplicación de la prueba de lectura en España y el embargo provisional de los resultados por parte de la OCDE. Pero la constante son los juegos de reparto de culpas a los que asistimos cada tres años en nuestro país. La riqueza de información que aporta PISA podría abrir numerosos debates muy relevantes para el futuro de nuestra escuela. Y, sin embargo, estamos viendo una vez más cómo PISA es la pelota en este juego en que la educación ocupa un espacio central en la lucha partidista. A mayor politización del debate educativo, menor es el partido que le sacamos a PISA para informar sobre la calidad de la educación, la relevancia del currículo o la desigualdad y segregación escolar.

Al final, para el debate público que PISA genera, queda la sensación de que desaprovechamos la inversión y el esfuerzo de administraciones, docentes y alumnos con la prueba. Son ya habituales las declaraciones de ilegitimidad, no reconocimiento de resultados, o llamadas abiertas a no participar en la próxima prueba. En este juego, el ministerio y las comunidades autónomas son el alumno que se juega todo en el examen final: ante la ausencia de un modelo común de evaluación, nadie quiere quedarse fuera de la única prueba que les sitúa en el mapa, pero una vez dentro, el pánico se apodera de todos, porque PISA puede condenarles políticamente.

PISA es una prueba sólidamente construida, bajo un proceso acordado por países de la OCDE, y asentada en la tradición científica más rigurosa de la educación. La reacción a lo que sucede en nuestro país con ella no puede ser atender a las llamadas de quienes piden volver a apagar las luces del sistema, sino normalizar una cultura de la evaluación externa de la escuela. PISA sería mucho más enriquecedora (y a la vez pasaría a un sano segundo plano) si la complementáramos con un modelo propio de evaluación, coordinado entre ministerio y comunidades autónomas, con unas prioridades comunes. A falta de dicho modelo, la falta de información pública (a no confundir con la burda simplificación que proponen los defensores de los rankings) de lo que ocurre en los centros educativos penaliza especialmente la equidad del sistema, alienta la falta de responsabilidad profesional y promueve desconfianza en la sociedad a la hora de valorar el buen trabajo de las escuelas y los docentes.

Es en la evaluación y en otros temas igualmente clave (como el currículo o la formación del profesorado) donde deben articularse espacios de consenso que permitan superar la dinámica partidista de la educación. Mientras eso no ocurra, PISA seguirá siendo ese examen final en el que nos jugamos todo, pero del cual seguimos sin aprender nada.

Lucas Gortázar es economista e impulsor de la Red por el Diálogo Educativo (REDE)

@lucas_gortazar

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