Poder y liderazgo

La situación extraordinaria no es una carta blanca al Gobierno para actuar

El Consejo de Ministros aprobó ayer un paquete de medidas para tratar de paliar algunos de los efectos económicos más inmediatos de la pandemia por coronavirus, dirigidas tanto a empresas como a particulares. La progresiva ampliación de los instrumentos que el Gobierno está llevando a cabo semana tras semana no puede ser sin más descalificada como improvisación, puesto que la magnitud del problema ha ido sobrepasando cada jornada los cálculos más pesimistas. Como le hubiera sucedido a cualquier otro Ejecutivo en su lugar, también este se está viendo obligado a crear las respuestas a medida que surgen las dificultades, atenazado por la disyuntiva entre salud y economía.

La necesidad insoslayable de cerrar filas en este momento de extraordinarias dificultades, que, seguramente, solo cambiarán de signo, no de intensidad, una vez que finalice la cuarentena, no puede ser interpretada por el Gobierno como carta blanca para decidir y actuar en absoluta soledad. Menos aún para colocar a la totalidad del país en una expectante situación de espera, despertando entre algunos de los principales agentes sociales un sentimiento de impotencia por el hecho de no ser convocados a contribuir en la búsqueda de soluciones, cada cual desde sus propias responsabilidades y dispuesto a hacerse solidario con las del resto. Es en circunstancias como las que hoy vive España cuando cobra todo su grave significado la distinción entre ejercer el poder y asumir el liderazgo. O lo que es lo mismo, entre ordenar a una sociedad lo que debe hacer para ponerse a salvo y ser capaz de convocar todos y cada uno de los esfuerzos en la consecución de un objetivo.

No hay razones para dudar de que el cese de las actividades económicas no esenciales, decidida por el Gobierno el pasado domingo, sea imprescindible para evitar la progresión de los contagios. Pero, precisamente porque esas razones no existen, las organizaciones empresariales y sindicales no debieron ser dejadas al margen de la decisión. En primer lugar, porque eran destinatarias de ella. Y, en segundo lugar, porque, ante la pandemia, los colectivos sociales no tienen solo un deber de solidaridad, sino también el derecho a manifestarla antes de que nadie se la reclame. Los costes de la crisis que asumirá el Estado empiezan a estar más definidos después del Consejo de Ministros de ayer, como también los sacrificios que recaerán sobre los trabajadores y las familias en un horizonte de empobrecimiento general. No se debería imponer su parte en el esfuerzo tampoco a los empresarios sin antes haber escuchado el compromiso que desean asumir, que es a la vez económicamente imprescindible e irrenunciable socialmente.

El líder del PP, Pablo Casado, ha evitado reclamar desde la crispación de otras ocasiones aquello a lo que no sólo tiene derecho, sino que es imprescindible para hacer frente a la pandemia. Su posición de fondo ha de ser atendida: el Gobierno no puede reclamar unidad sin ofrecer información e, incluso, corresponsabilidad en las decisiones. Contener los efectos de la pandemia exige delimitar un espacio público de confianza entre las fuerzas políticas, lo mismo que entre los agentes sociales y el Gobierno. Para ello, será necesario en algunos casos habilitar procedimientos. Para el resto, urge recuperar la función del Parlamento y facilitar que el sistema constitucional siga trabajando a pleno rendimiento.