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Opinión - 13.03.2020

Plan de alivio

El paquete español contra la crisis salva a pymes y autónomos, pero debe completarse

El conjunto de medidas contra el impacto económico de la pandemia del coronavirus anunciadas ayer por Pedro Sánchez, en una destacada intervención pública como presidente de Gobierno, es notable. Supone un sensible alivio para muchas empresas, sobre todo pymes y de sectores muy afectados (turismo, hostelería, transporte) por el parón de la actividad. No se verán abocadas al cierre súbito por ruptura de su cadena de suministro, desplome de la clientela o falta de recursos humanos y financieros.

Tan clave como la protección del sistema productivo fue su solemne defensa de la unidad entre los distintos niveles administrativos en esta lucha y el compromiso de que “todas las medidas” se seguirán adoptando “en coordinación” con las autonomías: es la receta sensata frente a un grave peligro. Porque o todos siguen remando en la misma dirección o todo irá a peor. No hay por fortuna apenas datos de que la polarización política se haya trasladado a su manejo sanitario y económico por los distintos Gobiernos implicados, autonómicos y central. La ausencia de polémicas entre ellos así lo avala. Y en la esfera político-partidista destaca la novedad de la disposición de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a facilitar el nuevo presupuesto sugerido por Sánchez. Por el contrario, el líder del PP, Pablo Casado, lo calificaba, en trazo grueso, de “oportunista” y, aunque convalidará el decreto, se lanzaba a un duro ataque. Sería deseable que en estos momentos, la política, incluida la crítica que convenga, enfatice el impulso de las soluciones sobre las divisiones.

Nadie debe buscar en el paquete económico aprobado un programa definitivo y completo. Es un plan de choque, de alivio temporal, parcial y limitado. No un programa de estímulos generalizados para el relanzamiento de una economía sumida en la incertidumbre. Lo asumió el propio Sánchez al reconocer que su objetivo se circunscribe a “superar la tormenta con los menores estragos”, y que se trata solo de una primera batería de medidas, a la que seguirán otras: para las familias, funcionarios, consumidores. Lástima que el capítulo de las familias afectadas, abrumadas por los temores sobre la salud, las dificultades laborales y la presión de los niños en el hogar por el creciente cierre de colegios, haya quedado aplazado por las urgencias.

El alivio, por un tamaño apreciable de 18.225 millones (el 1,5% del PIB) se concreta sobre todo en aumentar la liquidez, mediante aplazamientos de pago, anticipos a otras administraciones y apoyos crediticios. No significa un aumento directo del gasto público más que en pequeña medida (1.000 millones para intervenciones sanitarias prioritarias; 25 millones contra la pobreza infantil para suplir el cierre de comedores escolares). La partida más determinante es la moratoria de impuestos a pymes y autónomos por 14.000 millones durante seis meses. Queda en cambio muy limitado el apoyo crediticio oficial (400 millones para una nueva línea del ICO son más bien simbólicos) y pendiente la consideración específica de otros sectores (automoción, rehabilitación de viviendas), sustanciales y también muy afectados.

Probablemente el Gobierno espera, no sin razones, el despliegue del plan de actuación anunciado ayer por el BCE. El aumento y mayores facilidades a la disposición de liquidez a bancos y empresas, por un lado, y los 120.000 millones en que incrementa hasta final de año la expansión cuantitativa (compra de bonos públicos y corporativos) deben ofrecer más cauce para el riego a las empresas españolas. Este primer programa de Christine Lagarde no es la panacea. Pero se trata de dinero nuevo, tangible, bien orientado y regulado en detalle, de forma más prometedora que el plan improvisado en Bruselas.

Que los mercados hagan oídos sordos a estas oportunidades, desalentados por la renuncia a una reducción adicional del tipo de interés (lo que supone ganancia inmediatista para las grandes firmas), al considerarse inefectivo, no debería ser motivo de desaliento, sino de incitación a que las autoridades de Europa prohíban las ventas en corto en las Bolsas. Porque en esta crisis pulula, como en todas, otro insidioso virus adicional, la inmoralidad de los especuladores sin escrúpulos.

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