Pasado es presente

El PP más tocado por la corrupción toma las riendas de la Comunidad de Madrid

Hoy toman posesión los miembros del nuevo Gobierno autónomo de Madrid, después de que ayer lo hiciera su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. La composición del Ejecutivo madrileño refleja el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Ciudadanos, al que han correspondido seis consejerías. La aportación de Vox queda reflejada, por su parte, en un programa negociado a solas con los populares y asumido mediante un pacto verbal por Ciudadanos, que a su vez ha negociado otro inventario de medidas con Díaz Ayuso. El equilibrio sobre el que sustenta esta tortuosa ingeniería parlamentaria, elaborada con el único propósito de que Ciudadanos pueda sostener farisaicamente que no negocia con la ultraderecha, se revela aún más precario a la vista de los dirigentes de los que Díaz Ayuso ha querido rodearse en el Ejecutivo.

La combinación de cuadros populares de larga trayectoria, como Javier Fernández Lasquetty o Enrique Ossorio, con figuras supuestamente independientes, como el magistrado Enrique López, transmite un mensaje que desborda el marco de la Comunidad de Madrid y se proyecta sobre la totalidad del partido que dirige Pablo Casado, quien ayer respaldó con su presencia a Díaz Ayuso. Más que ilustrar la continuidad, la nueva dirección ha querido explicitar la victoria interna del PP más dogmático, que en el caso de Madrid es, además, el más castigado por la corrupción. Entre las prioridades de la flamante presidenta no se encuentra abordar este problema, según dejaron en claro sus silencios en el discurso de investidura y ahora la elección de los miembros de su Gobierno.

El nombramiento del magistrado Enrique López para dirigir una consejería que integrará las competencias de Justicia e Interior, además de las relaciones con las asociaciones de víctimas del terrorismo, evidencia la indiferencia de la nueva presidenta hacia cualquier exigencia de ejemplaridad. Como magistrado, la carrera de López ha estado invariablemente asociada a la polémica, tanto por los nombramientos de los que ha sido beneficiario, algunos revocados judicialmente, como por la manera de actuar en los asuntos de fondo, lo que llevó a su recusación en el enjuiciamiento del caso Gürtel por la Audiencia Nacional. A estas dudosas credenciales para dirigir un departamento de Justicia, López aporta otras no menos llamativas para dirigir Interior: en 2014, tuvo que dimitir del Tribunal Constitucional, al que llegó con méritos jurídicos dudosos, tras ser detenido por conducir una moto ebrio y sin casco, siendo posteriormente condenado por un delito contra la seguridad vial.

El PP ha difundido la idea de que pretende hacer de Madrid el escaparate de las políticas que aplicaría en el Gobierno central. De ahí que las decisiones de Díaz Ayuso comprometan antes que a nadie a Casado, en la medida en que anticipan que, llegado el caso, él tampoco tendría reparos en tomar decisiones como elegir a un magistrado sin prestigio para llevar la justicia y a un condenado para dirigir la policía. Ese es el presente que el PP ofrece a Madrid, con el apoyo de Vox y el silencio de Ciudadanos. Entre tanto, los procesos judiciales sobre el pasado de corrupción en la Comunidad siguen su curso, apuntando hacia dos antecesoras de Díaz Ayuso.