Las válvulas del Gobierno de coalición

El acuerdo entre PSOE y UP, junto con la comisión de seguimiento, serán fundamentales para la coordinación del Ejecutivo

El combustible de la democracia representativa es la confianza. Los ciudadanos votan a unos diputados, en los que confían, para que en la investidura den su confianza a un presidente del Gobierno que, a su vez, confiará en unos ministros para llevar adelante su programa. Una cadena de delegación sobre la que se constituye el sistema parlamentario.

En este último punto de la cadena hay dos grandes retos que siempre debe encarar un presidente. De un lado, el problema de selección adversa. Uno nunca sabe del todo en si una persona es la adecuada para el cargo porque nunca se tiene información completa. Solo cuando la haya nombrado podrá ver su desempeño real en el puesto. Del otro lado, el problema de azar moral. Al fin al cabo, los ministros podrían querer utilizar sus carteras para impulsar sus agendas políticas propias, no necesariamente alineadas con la del Gobierno en su conjunto.

Estos dos problemas se dan en todos los Gobiernos y, casi podría decirse, en cualquier organización que requiera seleccionar personal. Sin embargo, el último de ellos, el riesgo de azar moral, es particularmente importante en los Gobiernos de coalición.

La razón para esto es sencilla. Cuando hay un solo partido en el Ejecutivo, el presidente, que también es líder del partido, tiene mecanismos para disciplinar a los ministros. No es solo que los pueda cesar, también puede truncar su carrera política y acabar con su promoción interna. Además, habiendo un solo partido y viniendo el ministro y presidente de la misma organización, comparten cierta cultura política, lo que puede hacerlos más afines a la hora de solucionar discrepancias.

Por el contrario, en los Gobiernos de coalición, los ministros de cada partido deben su carrera política a liderazgos diferentes dentro del Gabinete. En consecuencia, hay más riesgo de que los miembros de cada socio hagan la guerra por su cuenta, centrados más en los intereses de su partido que en el conjunto. Además, que el presidente los pueda cesar sin acuerdo implicaría una crisis que puede llevarse por delante al Ejecutivo, así que no es tan fácil que pueda recurrir a un golpe sobre la mesa.

El actual Gobierno de coalición minoritaria entre PSOE y Unidas Podemos, es cierto, tendrá apoyos parlamentarios complicados. Sin embargo, aunque se ha hablado mucho de eso, menos se ha tratado este primer círculo de dificultades a vencer dentro del Gabinete. Es en este punto donde hay que girarse hacia el acuerdo de gobierno, la verdadera piedra de toque del Ejecutivo.

Los acuerdos de gobierno suelen tener tres patas; el acuerdo de políticas, el reparto de carteras/cargos y las reglas de procedimiento o mecanismos de control. Los tres elementos han estado sobre la mesa, pues se pactó todo en paralelo. Es más, el verdadero programa de gobierno es dicho acuerdo, y como tal debe fiscalizarse por la opinión pública y publicada. Ahora bien, si por algo son útiles estos acuerdos es porque, aunque no son contratos, sí fijan aquello que los ministros se comprometen a hacer en sus carteras. Además, al ser públicos, establecen puntos de referencia que, de incumplirse por una de las partes, pasan factura ante electores y opinión pública. Por tanto, acotan el riesgo de tener a ministros díscolos.

La literatura tradicional se solía centrar en su extensión: cuanta más desconfianza entre los socios, más largos y detallados tendían a ser los acuerdos. Sin embargo, visiones más refinadas apuntan que su forma depende esencialmente de dos cosas. Primero, que cuanta más discrepancia haya entre los socios por un tema, más probable es que se extiendan sobre ello en el acuerdo. Es decir, que se busque atar más de manos al socio. Por el contrario, de no haberlas, se harán alusiones ambiguas, dejando por tanto más manos libres a los ministros del ramo. Y segundo, que cuanto más diferente sea la importancia que les da a cada tema los socios del Gobierno, menos riesgo de conflicto, luego también menos atención se le prestará en el acuerdo.

En todo caso, aunque aún no conocemos la estructura del Gobierno, y esto será clave para ver sus prioridades y ordenación, sí se ha hecho público el mecanismo de garantías del acuerdo. Un mecanismo que, a grandes rasgos, integra una comisión de control ejecutivo-parlamentaria, asegura la unidad de acción para proyectos de ley y presupuestos y fija mecanismos de seguimiento, comunicación y tratamiento de discrepancias. Un aspecto fundamental para que cualquier Gobierno de coalición pueda arrancar con un mínimo de garantías.

De nuevo, según este protocolo, el acuerdo de gobierno es el centro sobre el que se desarrollará la acción de los grupos parlamentarios. Sobre lo explícito, deberá haber coordinación. Sobre lo implícito, deberá haber comunicación. No es, por tanto, casualidad, que cuando hay Gobiernos de coalición también el Parlamento se vuelva central. El legislativo se convierte una pata central para la acción del Gobierno, impulsar su agenda legislativa e, incluso, una segunda mesa de gestión de desacuerdos fuera de La Moncloa.

En suma, dos de los tres elementos que articularán el futuro Ejecutivo ya son conocidos. Por supuesto, un Gobierno que verá su programa cumplido según las alianzas que pueda necesitar por encima de los 155 diputados de los que dispone, pero que ha vuelto a España más parecida a los países de nuestro entorno. Su gran prueba de fuego, cuando conozcamos la estructura definitiva, los Presupuestos Generales del Estado.