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Opinión - 05.12.2019

Justicia sin gobierno

La interinidad en la que se encuentra instalado el CGPJ ha propiciado la adopción de decisiones contestadas por las asociaciones de jueces

Este mes de diciembre hace un año que expiró el mandato del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Su situación no es distinta de la de los otros miembros del órgano de gobierno de los jueces, debido al bloqueo político que padece el país y a la falta de acuerdo entre los principales partidos para proceder a su renovación. El último intento, en noviembre del pasado año, se saldó con un escándalo, al hacerse públicos los mensajes que el senador popular Ignacio Cosidó dirigió a los miembros de su grupo jactándose de controlar a través de los nombramientos en el Consejo los procesos contra su partido.

La interinidad en la que se encuentra instalado el Consejo ha propiciado la adopción de decisiones contestadas por algunas asociaciones de jueces. En concreto, la convocatoria de concursos para cubrir la presidencia de la Audiencia Nacional, así como la de varias Audiencias Provinciales y más de una treintena de altos cargos judiciales, impulsados por un órgano que tiene el mandato caducado. Los recursos legales de estas asociaciones están aún pendientes de resolución, pero incluso aunque fueran rechazados por el Tribunal Supremo, lo cierto es que cualquier renovación llevada a cabo por un Consejo obligado a actuar en el límite de sus atribuciones estaba condenada a provocar malestar en el seno de la justicia y a deteriorar su imagen. Todo ello coincidiendo con los momentos de mayor protagonismo de los tribunales en la vida pública española.

A lo largo del año transcurrido se han vuelto a escuchar voces proponiendo reformas que van desde la simple supresión del Consejo hasta su conversión en un órgano corporativo de los jueces, sin conexión con la voluntad popular a través del Congreso y el Senado. Como tantas otras instituciones afectadas por la parálisis política, el problema no tiene que ver tanto con la arquitectura y los procedimientos establecidos por la Constitución como con el uso ventajista que han hecho los partidos. El hecho de que, en última instancia, corresponda a los diputados y senadores decidir la composición del gobierno de los jueces no puede ser interpretado como un derecho a colonizar desde el Legislativo un poder que debe ser independiente en todos sus niveles.

La alternativa a las malas prácticas adoptadas para nombrar el Consejo no puede ser reformarlo, sino comprometerse con unas prácticas distintas. No solo por parte de los partidos, sino también de los vocales del Poder Judicial. Porque a unos y a otros corresponde velar por la independencia y el prestigio de la justicia.

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