Jueces independientes

El Consejo General del Poder Judicial argumenta de forma peregrina el traslado de la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces de la Escuela Judicial de Barcelona

Lo mejor —en realidad, casi lo único bueno— de la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces fue ayer el recordatorio del jefe del Estado a los egresados de la Escuela Judicial de Barcelona de que “la independencia es condición indispensable” para el ejercicio de su función.

El resto o fue correcto (la elección de la sede de la Real Academia) o un fiasco: el traslado de la ceremonia de Barcelona a Madrid, por vez primera en dos décadas de existencia y buen funcionamiento de la Escuela Judicial en territorio catalán.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) argumentó tal traslado de forma peregrina: para celebrar mejor el 40º aniversario de la Constitución de 1978. Como si la Ley Fundamental fuese coto exclusivo de los habitantes de la capital, como si solo lo que ahí se celebra adquiriese relevancia, como si el lugar donde la Constitución obtuvo una mayor votación popular no hubiese sido, precisamente… Cataluña.

La maniobra exhibió un aroma preconstitucional, quizá acorde, en el último acto ordinario que en representación de los jueces encabezaba el presidente cesante del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, con su mandato. Que pasará al archivo de lo olvidable, por su torpe gestión de las polémicas hipotecarias o los errores ya cometidos en la dimensión internacional —al menos— del proceso a los insurgentes del procés secesionista catalán.

Así que el cambio de sede solo puede explicarse por la mayor comodidad del propio Lesmes ante las incidencias desagradables planteadas por los sectores más radicales de ese secesionismo. Hace un año, en un momento aún más crítico y complejo, la ceremonia —acertadamente— no mudó su emplazamiento.

La frivolidad del CGPJ resulta tanto mayor porque no son tantas las ocasiones que tiene el Rey de dirigirse directamente a los catalanes (además de al conjunto de los demás españoles). Porque sucede a una apuesta del Gobierno, difícil, pero positiva, de negarse a hacerle el juego a los violentos, al celebrar su Consejo de Ministros el 21-D en Barcelona, pese a todas las amenazas de boicoteo. Y al cabo, de afirmar que no hay zonas grises, vacías o prohibidas al despliegue geográfico de la autoridad del Estado democrático.

Por si todo ello fuera poco, la torpeza con que Lesmes pone broche a su mandato conecta directamente con la del anterior Gobierno conservador de sustraer a Barcelona la otra única gran sede del Estado, la de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. No se combate el separatismo alejando las políticas, las personas representativas y las instituciones estatales, de la cercanía de quienes más lo sufren. Cuánta estulticia.