Hong Kong se rebela

La protesta de los habitantes de la antigua colonia va más allá de un cambio legal porque temen la creciente injerencia china

Hong Kong vive una movilización popular sin precedentes ante el intento de introducir un cambio legal que permita la extradición de sus ciudadanos a China. La protesta de los hongkoneses va más allá de esta reforma, porque consideran que está en peligro el estatuto concedido al antiguo territorio británico, que le ha permitido conservar una parte sustancial de sus libertades. Su preocupación está más que justificada: aunque han logrado detener por ahora la aprobación de la ley, las autoridades locales han dejado claro que seguirán con sus planes, mientras que las injerencias de China, políticas y sobre todo económicas, resultan cada vez más claras.

La escala de la movilización —el domingo se manifestaron un millón de personas, uno de cada siete habitantes del territorio— demuestra la magnitud del problema. La dureza de la represión contra los manifestantes que el martes rodearon la Cámara legislativa confirma, por otro lado, la determinación gubernamental.

Cuando el Reino Unido entregó Hong Kong a China en 1997, Pekín se comprometió a respetar un estatuto especial durante 50 años. Es lo que se llamó “un país, dos sistemas”. Una de las medidas que se tomaron entonces para proteger a los hongkoneses fue crear una muralla legal que impidiese las extradiciones a China, un país donde no existe una separación de poderes real. El Gobierno de Hong Kong sostiene que esta reforma pretende rellenar un vacío legal y que las extradiciones solo serán por crímenes de derecho común. Pero esto resulta difícil de creer porque muchos disidentes son acusados, precisamente, por ese tipo de crímenes.

El aplazamiento de la reforma representa una victoria temporal para los manifestantes. Pero la sombra de China se cierne amenazante sobre Hong Kong, sobre todo desde las protestas de 2014, como ha quedado claro con el secuestro y traslado a su territorio de editores críticos con el régimen. Todos estos casos indican que Pekín está perdiendo la paciencia con un sistema de libertades que no tolera bajo ningún concepto en el resto del país.