Formar Gobierno

Es urgente que el Congreso abra el paso a un Ejecutivo que empiece a gobernar

Con la constitución de las Cámaras comenzó ayer una de las legislaturas más complejas de la reciente historia democrática en España. No solo por la fragmentación política que se refleja en la distribución de escaños entre casi una veintena de fuerzas políticas, sino también por la lógica que sigue dominando la acción de los partidos con mayor representación. La obtención de la vicepresidencia cuarta del Congreso por parte de un grupo como Vox es precisamente una manifestación de esa lógica, que, en este como en muchos otros asuntos, se limita a sacrificar la posibilidad de alcanzar acuerdos de fondo a la consecución de objetivos tácticos inmediatos. El cruce de reproches entre socialistas y populares a cuenta de la vicepresidencia de Vox no puede ocultar el hecho de que los dos partidos están bajo sospecha, al haber buscado el propio beneficio de forma que los efectos secundarios apareciesen como responsabilidad del otro. El Partido Socialista pudo evitar que Vox accediera a la dirección del Congreso renunciando a la vicepresidencia primera, y el Partido Popular se libró de prestarle sus votos no porque buscara subrayar sus diferencias con la ultraderecha, sino porque esta rechazó el arreglo que le proponía y que favorecía a Ciudadanos.

A partir de este momento se abre un periodo en el que los distintos grupos están obligados a contribuir a la formación de una mayoría parlamentaria capaz de investir a un candidato a la presidencia del Gobierno, para el que la Constitución no fija plazo. Esta ausencia de límite temporal no puede interpretarse según la pauta establecida en las tres últimas legislaturas, dos de ellas fallidas. El silencio de la Constitución en este punto no equivale a una licencia para demorar indefinidamente las negociaciones, prolongando la permanencia del Gobierno en funciones y reduciendo a mínimos la actividad de la Cámara. Sobre la nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet, recae la responsabilidad de encontrar un difícil equilibrio entre el respeto a los ritmos de negociación que necesitan los partidos para no frustrar las posibilidades de acuerdo, si las hubiera, y la obligación de garantizar el cumplimiento de los deberes inexcusables del Legislativo. El primero, otorgar cuanto antes la confianza a un Ejecutivo que empiece a trabajar.

Las Cámaras que iniciaron ayer su andadura son resultado de un fracaso político no imputable al sistema constitucional, sino al uso que los partidos han venido haciendo de él. En algunos casos, confundiendo la afirmación de determinadas convicciones con espectáculos que mueven a la vergüenza ajena, como las fórmulas elegidas por algunos diputados para acatar la Constitución. El mandato que los ciudadanos expresan a través de las urnas no es, en última instancia, formar uno u otro Gobierno, sino, sencillamente, formar Gobierno, exactamente el que permitan las mayorías alcanzadas dentro del respeto a la Constitución y a los valores constitucionales. Un nuevo fracaso en esta legislatura acentuaría la parálisis política, agravando los problemas para los que todavía se puede encontrar una solución. Pero, además, pondría en grave riesgo el sistema, puesto que una nueva convocatoria electoral, la tercera desde el pasado 28 de abril, radicalizaría aún más las posiciones y no resolvería el bloqueo.