Falso desenlace

El reparto de las alcaldías ha ignorado las necesidades de los Ayuntamientos

La constitución de los Ayuntamientos salidos de las elecciones celebradas el 26 de mayo completó el primer capítulo de la renovación del poder institucional en España. El siguiente serán las autonomías de régimen común, antes de enfilar hacia el último y definitivo, que se decidirá en el Congreso de los Diputados y deberá resolver la incógnita que ha levantado nuevo vuelo durante la negociación de los pactos municipales. Antes de que estos comenzaran, parecía asegurado que el país contaría con un Gobierno central articulado en torno a la fuerza más votada, el partido socialista liderado por Pedro Sánchez.

Sin embargo, el desarrollo de los pactos municipales y la incorporación de la ultraderecha a las mayorías buscadas por el Partido Popular y Ciudadanos han modificado el panorama político general, colocando anticipadamente al partido socialista ante la tesitura de contar con los independentistas o repetir las elecciones. El precio será determinante en cualquiera de ambas alternativas, prefiguradas en una jornada que, como la de ayer, estaba prevista para otros propósitos. Pero no solo el precio evidente, referido a las contrapartidas que los independentistas puedan reclamar de los socialistas, sino también, y sobre todo, el que los partidos de la derecha han ido preconstituyendo durante la negociación municipal para pasar al cobro, suceda lo que suceda próximamente en el Congreso de los Diputados. Si el candidato socialista es investido con intervención de los independentistas, porque es investido, y si fracasa en la investidura y se convocan nuevas elecciones, porque fracasa y se convocan, los partidos de la derecha pusieron su firma ayer al pie de una única factura y señalaron el destinatario.

Para llegar a la preocupante situación política que quedó formalizada este sábado en los Ayuntamientos, el reparto de las alcaldías de las grandes ciudades ha tenido que ignorar sus necesidades específicas como municipios y sacrificarlas a los intereses de una sorda disputa por complicar el acceso al Gobierno central de la fuerza más votada en las elecciones generales. La dureza de los términos en los que la plantean los partidos de la derecha quedó de manifiesto en el Ayuntamiento de Barcelona, donde de no ser por la iniciativa personal de Manuel Valls, mal vista por la dirección de Ciudadanos, la alcaldía habría recaído en un candidato independentista que solo aspiraba a instrumentalizarla como altavoz de la secesión.

En Madrid, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox se hicieron con el Ayuntamiento gracias a que el primero se desdijo del argumento de que la fuerza más votada tiene derecho a gobernar con independencia de que sea capaz de articular una mayoría. El reproche que merecen los populares no es por abdicar ahora de una falacia, sino por haberla utilizado en el pasado como combustible para una crispación que vuelve a dibujarse en el horizonte. Ciudadanos, por su parte, ha preferido seguir arrojando sombras cada vez más espesas sobre sus credenciales liberales a cambio de imponerse a su rival en la derecha, sea con la vista puesta en una legislatura de desgaste, sea en la eventual repetición electoral a la que los pactos municipales han dotado de renovada verosimilitud.

El primer capítulo de la renovación del poder institucional en España se completó ayer, pero a través de un falso desenlace político. No porque, salvo raras excepciones, los municipios no cuenten desde este sábado con alcaldes y corporaciones para los próximos cuatro años, sino porque la lógica política que debía haber guiado la constitución de los Ayuntamientos ha sido sacrificada a una lógica más amplia, que disuelve las especificidades del poder municipal. Y otro tanto puede suceder con las autonomías, siempre a la espera de la inquietante apoteosis en el Congreso de los Diputados que todas las fuerzas parecen aguardar.