Dos ministerios por el precio de uno

Hay que aumentar los fondos para la investigación para acercarse a los niveles de antes de la crisis

Ha sorprendido que el último Gobierno español contenga por vez primera un Ministerio de Universidades y un Ministerio de Ciencia e Innovación. Hasta ahora había habido combinaciones diversas con otras materias, pero nunca la actual. Representantes de diferentes disciplinas científicas y universitarias han avanzado críticas por esta estructura. Existe sin duda un peligro de descoordinación. Sin embargo, hasta ahora el peligro ha sido la falta de financiación de actividades que muchos consideramos esenciales en un país moderno y sobre todo la falta de interés por adaptar las estructuras universitarias y de investigación a las necesidades actuales. Para ello dos voces pueden ser mejor que una.

Si revisamos la historia reciente veremos que las competencias de Ciencia en el Gobierno español han estado incluidas en Ministerios de Educación, de Industria o de Economía, y que las Universidades han dependido mayoritariamente de Educación, pero también de Industria y, recientemente, de un Ministerio conjunto con Ciencia. Estas situaciones se han dado tanto en Gobiernos del PP como del PSOE. En nuestro entorno europeo encontraremos ejemplos de estas y otras configuraciones y podremos escuchar argumentos a favor y en contra de todas ellas. Probablemente la estructura ministerial tiene una importancia relativa, lo importante es la voluntad política de actuar y en este momento hay una urgencia en tomar decisiones en estas materias.

La Ley de Universidades vigente en España es la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001, modificada en 2007. A pesar de reconocer principios básicos como el de autonomía para los establecimientos públicos, las dificultades para el gobierno de la institución universitaria y su adaptación a la cambiante situación actual han aparecido claramente. Ello dio lugar a la redacción de informes como uno en 2011 en el que se pide audacia para reformar las universidades o el de 2013 durante el mandato del ministro Wert. Las recomendaciones de uno y otro se han mantenido en el cajón del olvido. Mientras tanto la crisis económica de los últimos años ha dado lugar a recortes económicos y reducciones de plantilla haciendo la situación actual insostenible.

Es probable que el ministro Manuel Castells sea bien consciente de la situación y esté dispuesto a plantearse reformas a fondo en la Universidad. Como ha pasado otras veces, las dificultades pueden venir de las resistencias de la estructura burocrática del Estado y de la inercia que encontrará en algunos responsables universitarios y quizá también en los sindicatos. Cuanto antes acelere en la redacción de una nueva ley probablemente más probabilidades tenga de aprobar un texto útil. Ello implica escuchar muchos puntos de vista, pero no tratar de agradar a todos. La situación institucional y económica es tan extrema que cualquier incentivo nuevo puede permitir que se acepten reformas de fondo.

Algo parecido se da en Ciencia. Los dos grandes pilares de la responsabilidad del Estado, la financiación de proyectos de forma competitiva y las estructuras de centros y personal están funcionando en precario. La experiencia de estos últimos meses no es especialmente positiva. La Agencia Estatal de Investigación acaba de dejar a los investigadores con un vacío de meses y su estructura se ha demostrado ineficaz para gestionar los fondos a su cargo. Los Organismos Públicos de Investigación, comenzando por el CSIC, se hallan también ante la incógnita de su estructura futura tras la supresión de las Agencias Estatales. Incrementar los fondos para la investigación, acercándose a los niveles de antes de la crisis, es sin duda imprescindible. Pero sobre todo tomar decisiones sobre las estructuras más adecuadas para la gestión de la investigación es una necesidad que ha ido retrasándose año tras año.

Es posible que la división de Ciencia y Universidades en dos ministerios los debilite. Por el momento los dos se han quedado sin Secretarías de Estado, lo que hará difícil su interlocución con otros ministerios. Podría ser que cada ministro quiera hacer su propia política, lo cual implicaría descoordinación. Sin embargo, no hay nada que no pueda solucionarse si el Gobierno en su conjunto estuviera convencido de actuar financiando adecuadamente la Ciencia y las Universidades y reformando a fondo sus estructuras.

Hay que confiar en el conocimiento que los nuevos responsables tienen o que pueden adquirir de la situación y de sus posibles soluciones. Y sobre todo en el apoyo que el conjunto de ministros proporcionen a las propuestas que vengan de ellos. Quizá dos voces se escuchen más que una sola. Quienes estamos convencidos de la importancia que tienen la enseñanza superior y la investigación en nuestro país no podemos hacer otra cosa que desear que sea así.

Pere Puigdomènech es profesor de Investigación emérito del CSIC.