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Opinión - 14.02.2020

Derechos

Reconocer un derecho, como poder exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor, no obliga a su ejercicio. No reconocerlo, por inexistente, y por tanto no poder ejercerlo, sí obliga (¡qué paradoja!) y tiene consecuencias de toda índole, inclusive penales. Sencillo, y sin embargo, cuánta lucha, esfuerzo y sacrificio ha supuesto, y supone, el hecho de no poder incluir en la esfera jurídica de la ciudadanía determinados derechos que debieran ser inalienables en cuanto hombres y mujeres libres e iguales dotados de razón y conciencia.

Hoy son inimaginables relaciones laborales esclavistas; que las mujeres no pudiesen votar, o que no pudiesen decidir libremente su derecho a interrumpir un embarazo que no desean; o que a las parejas se les impidiese poner punto final a su unión conyugal; o que Javier y Antonio, María y Lola, no pudiesen contraer matrimonio. ¿Acaso todas estas conquistas no nos hacen mejores como persona y como sociedad? ¿Acaso no es inhumano prolongar la vida cuando sin perspectiva de cura y con sufrimiento infinito se le niega a un paciente, en uso de su libre albedrío, poner fin a la agonía?

F. Javier Santos. Porto do Son (A Coruña)

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