Corregir el tiro

La incertidumbre sobre la recuperación aconseja ampliar la aplicación de las ayudas a autónomos y pymes

Más de 919.000 autónomos han empezado a percibir la ayuda directa aprobada por el Gobierno el pasado 17 de marzo para compensar los devastadores efectos del confinamiento en sectores básicos de la economía. Está claro, como ha previsto el propio Gobierno, que será necesario aplicar en las próximas semanas la ayuda a casi 1,5 millones de autónomos y por ello se va a superar con creces el coste de 670 millones que las arcas públicas han desembolsado en este primer pago. Pero lo relevante hoy es si el esquema de apoyos a autónomos y pymes ha surtido los efectos deseados; es decir, sostener la actividad de las empresas más afectadas por el colapso parcial de la economía, casi todas ellas en los sectores de comercio y hostelería, y defender una parte importante del empleo.

Las ayudas directas, las moratorias de pagos de las cotizaciones y de las hipotecas, el diferimiento de las autoliquidaciones, la devolución de las cuotas pagadas durante el primer mes del estado de alarma y el aplazamiento de impuestos son, todas ellas, medidas que están aliviando de forma efectiva la presión de los pagos inmediatos y que facilitan a los establecimientos que han echado el cierre el pago de facturas perentorias. Pero dado que la recuperación será más lenta de lo deseado, parece conveniente corregir el tiro y ampliar su aplicación más allá de lo previsto en la declaración del estado de alarma.

Para empezar, debería reducirse el límite del 75% de pérdida de ingresos a partir del cual se tiene derecho a percibir las ayudas directas hasta al menos el 50%; la mayoría de los negocios de los autónomos no pueden sostenerse si sufren una caída de la mitad de sus ingresos; y más aún si ese descenso se produce de manera brusca o inopinada. A la inquietud por la falta de ingresos y los costes se suma la incertidumbre de la recuperación futura del consumo. Son razones más que suficientes para entender que el Gobierno debería considerar una ampliación temporal de las medidas de apoyo, prevista ya en algunas de ellas, en función de las expectativas de recuperación total de la actividad económica.