Censura parental

Los poderes públicos deben garantizar los derechos de los menores

El Partido Popular incurre en un grave error al dejarse arrastrar por Vox a una campaña cuyo objetivo final es convertir los centros educativos en un campo de batalla política e ideológica. La formación de Pablo Casado ha traspasado límites inaceptables al permitir que en la comunidad autónoma de Murcia los padres puedan vetar la asistencia de sus hijos a las actividades docentes complementarias organizadas por los centros educativos. Una instrucción de la Consejería de Educación implantó en septiembre la exigencia de autorización paterna para que los alumnos puedan asistir a esas actividades y ahora el Gobierno, formado por PP y Ciudadanos con apoyo de Vox, pretende elevar el veto parental a rango legal. La formación de Arrimadas en Madrid y Andalucía parece desmarcarse, sin embargo, de sus correligionarios. Sería muy necesario que la dirección nacional del partido dejara la ambigüedad y obligara a sus representantes en Murcia a cambiar de posición.

La censura parental era una de las condiciones de Vox para apoyar los presupuestos de 2020 y el acuerdo firmado por los tres partidos recoge expresamente el “establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias según los preceptos consagrados en la Constitución”. Esta formulación no puede ser más engañosa, pues la Constitución no concede a los padres semejante prerrogativa. Esta pretensión atenta contra el derecho de los menores a una educación que les permita desarrollarse como personas libres y forjarse un criterio propio. La libertad de los padres para decidir la orientación moral o religiosa de la educación de sus hijos recogida en la Constitución no ampara que puedan censurar o eludir contenidos educativos reglados para todos los alumnos.

El veto parental atenta también contra la autonomía de los centros para decidir los contenidos que mejor complementan el currículo. Hay que recordar que las actividades complementarias se imparten en horario lectivo, son evaluables y de obligada asistencia. La decisión sobre este tipo de actividades corresponde al claustro de profesores y son sometidas a la consideración de los consejos escolares en los que participan los padres.

Aunque con esta exigencia Vox apunta ahora a las actividades relacionadas con la educación afectiva y sexual, permitir el veto de los padres supone un precedente que podría invocarse para otras actividades docentes. Implica aceptar una especie de objeción de conciencia de los padres que en realidad afecta a la libertad y al derecho a la educación de los hijos. Como se ha repetido desde distintos foros, los hijos no son propiedad de los padres, y la patria potestad no es derecho ilimitado sobre la vida de los hijos, como ha sentenciado el Tribunal Constitucional contra la pretensión de unos progenitores de eludir la obligación de llevar a sus hijos a la escuela.

Los derechos de los menores están por encima de las preferencias de sus progenitores y los poderes públicos deben velar por que sean respetados en todo momento. El requerimiento enviado por el Gobierno para que el Gobierno de Murcia dé marcha atrás en este despropósito está plenamente justificado. El PP debe hacer una reflexión sobre la dinámica a la que le conduce su dependencia de Vox. El partido de Abascal está interesado en mantener la escalada de exigencias que atentan contra los consensos básicos e incluso contra los principios constitucionales porque no tiene nada que perder. En cambio, el PP puede perder su capital como partido de Gobierno y de Estado si, como ocurre ahora, cede tan fácilmente a pretensiones inaceptables y trata además de justificarlas.