Caseros sobreprotegidos

Es preciso revisar las circunstancias políticas que permitieron la venta de viviendas a fondos de inversión en Madrid

Siendo graves, las actuaciones por las que ha sido condenada por el Tribunal de Cuentas la exalcaldesa de Madrid Ana Botella junto a ocho miembros de su equipo, no son las únicas irregularidades asociadas a las operaciones de venta de activos públicos en octubre de 2013. El delito por el que el Tribunal obliga a pagar a los condenados 25,7 millones de euros es la venta de 18 promociones inmobiliarias (5.315 inmuebles incluyendo garajes, trasteros y otros locales), propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda, “por debajo del valor contable, del precio máximo de calificación como protección pública, del valor catastral, del valor de mercado”. Se vendieron por 128.500.000 euros cuando se podían haber vendido por 151.211.518 euros, según la sentencia. Los compradores fueron sociedades del fondo de inversión estadounidense Blackstone.

La trascendencia de estos episodios va más allá de los daños al patrimonio público o de las irregularidades administrativas susceptibles de concluir en la posible nulidad del proceso. Entra de lleno en la política, en la facilidad con que se adulteran los objetivos de protección social, como es el acceso a la vivienda de las familias con menor renta, en beneficio de intereses privados que tampoco se ajustan a la libre competencia. Entre los activos vendidos había 1.860 viviendas públicas, destinadas a familias de bajos ingresos. Esas viviendas malvendidas dejaron de estar protegidas y en algunos casos se endurecieron las condiciones para sus inquilinos, que vieron ascender sus alquileres o anulada su opción de compra. El resultado de esas decisiones políticas es que Blackstone no solo se ha convertido en el principal casero de España, con más de 20.000 viviendas en alquiler, sino que resultó estar mucho más protegido que las familias a las que estaban destinadas las viviendas.

Razones no faltan para que, con independencia de la actuación de la justicia, se revisen las circunstancias políticas que permitieron tales irregularidades. Deducir lecciones es tan importante como pedir cuentas a los responsables, tres de los cuales ocupan cargos públicos.