Brigada parasitaria

Las labores de la policía patriótica arrojan sombras que es preciso aclarar

El presunto muñidor de la denominada policía patriótica, el comisario Eugenio Pino, y uno de sus subordinados, el inspector Bonifacio Díaz Sevillano, se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid en junio del próximo año por el supuesto intento de introducir documentos obtenidos de manera presuntamente irregular en el sumario del caso Pujol. Coincidiendo con esta citación, se ha sabido, además, que otro presunto integrante de esta oscura trama, el comisario Andrés Gómez Gordo, va a ocupar la jefatura de una comisaría de Madrid. Gómez Gordo, actualmente en Alicante, obtuvo su nuevo puesto en un concurso de méritos celebrado en noviembre, pese a estar imputado por el espionaje al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.

Más allá del problema de presunta corrupción policial puesto de relieve por las actuaciones conocidas del comisario jubilado Villarejo y de su entorno, la extensión de la trama, así como su supervivencia en el tiempo, suscita numerosos interrogantes acerca del papel que pudo desempeñar en su creación el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz. En su caso, se da además la circunstancia de que él mismo fue víctima del espionaje, al ser grabado en su despacho oficial. Aun en el supuesto de que Fernández Díaz no tuviera responsabilidad alguna en los informes por los que funcionarios policiales a sus órdenes están compareciendo ante los jueces, el hecho de que un ministro no esté seguro en la sede de su propio ministerio revela deficiencias inconcebibles en su gestión, así como errores inexplicables en la confianza depositada en personas con acceso a él.

La llegada al Ministerio del Interior de su actual titular en funciones, Fernando Grande-Marlaska, supuso el fin de las prácticas de la policía patriótica, uno de cuyos integrantes —Villarejo— se encuentra en prisión y otros se encuentran imputados por la Audiencia Nacional.

La promoción de Gómez Gordo no tiene por qué responder necesariamente a una reminiscencia de las cloacas que Grande-Marlaska consideró desmanteladas en abril, puesto que se ampara en la presunción de inocencia que establece el Estado de derecho y en una normativa policial excesivamente laxa. Pero suscita una duda inevitable sobre si, en efecto, el trabajo pudo o no ser completado. Entre otras razones, porque no es esta la primera vez en que la carrera del comisario Gómez Gordo parece inmune a su situación judicial, sin que los máximos responsables de Interior hayan podido hacer otra cosa que lamentarlo.

Villarejo no solo fue el responsable de crear una trama privada que actuaba en paralelo a la policía, sino que además participó en una brigada parasitaria del Estado, que se valía de sus medios materiales y de sus agentes. Por eso es preciso conocer quién en el Estado, y a qué nivel, decidió que se inhibieran los controles.