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Opinión - 13.11.2019

Autopistas abiertas

Los servicios de inteligencia deben esterilizar los planes y destruir las formas de financiación de quienes realizan los cortes en la frontera

Más de 24 horas después de producido el corte en la autopista AP-7 (Barcelona/Francia), la Gendarmerie francesa y (en menor medida) los Mossos d’Esquadra restablecieron ayer el orden. Es lo que correspondía. Pero el episodio deja unas cuantas lecciones que sería inoportuno olvidar. La principal es que a la hora de abortar un altercado, hay que ponderar cierto margen de tolerancia ante los derechos de quienes protestan, pero proteger los derechos de la mayoría de la población a la libre circulación y al uso del espacio público. Una democracia incorpora la protección incluso a sus revoltosos, pero siempre que discurran por cauces legales, con el oportuno aviso previo y sin ocupación indefinida de la vía pública.

La más enérgica actuación de los gendarmes ilustra bien a sus colegas catalanes, en este caso menos eficaces que en la proporcionada represión de los altercados de Barcelona, a mitad de octubre. Los gendarmes practicaron 18 detenciones, por solo una de sus colegas de este lado de la frontera. Y lo que es más eficiente: la policía francesa retiró DNIs y abrió expedientes para imponer multas dinerarias a los más manifestantes agresivos, segun la norma de que deben reponder de los cuantiosos costes económicos de los altercados. La sanción monetaria es, en estos casos, mucho más terapéutica que los arrestos que desembocan en la cárcel.

La otra gran lección de los sucesos de La Jonquera es más política. Sus protagonistas fueron apenas unos centenares de personas y resulta grotesco que una minoría tan exigua pueda mantener un corte de carreteras estratégicas tan prolongado. Eso tiene que ver con la peculiar organización de corte, enmascarado en un concierto de un cantautor retirado, que parecia tener mejor derecho a la vía pública que los camioneros de productos perecederos. En realidad,lo que ocurrió es que se violentaron las libertades de muchos ciudadanos, algo que el president Quim Torra pasó por alto en sus encomios a los activistas.

Tal y como están estructuradas, las células clandestinas, las caras encapuchadas y los movimientos secretos de Tsunami se dirigen a promover un movimiento de seres sumisos, sin debate de ideas, sin discusión de alternativas, totalmente huérfano de mediaciones democráticas. La organización Tsunami es lo más parecido —en su despliegue tecnológico y en sus rígidas relaciones con las bases— a algunas de las más autoritarias sectas secretas de otros enclaves geográficos.

Alguien paga sus platós, financia su transporte y mantiene las redes de este aparataje, mientras lo aplica una minoría ultrarradicalizada. Los servicios de inteligencia deben descifrar su modus operandi, desarmar sus planes y destruir sus formas de financiación. Una senda que seguramente arrojará sugestivas sorpresas.

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