Ante el desorden

El dinero del Estado se gestiona mal; hay que evaluar la rentabilidad de las ayudas públicas

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha entrado a fondo en el análisis funcional de la Administración española. Su informe sobre el cálculo y el control de las subvenciones, nada menos que 33.000 millones de euros que con distintos fines se conceden anualmente, no solo pone de manifiesto la desidia en la gestión del dinero público, sino que, además, podría servir como guía para la reforma de la Administración pública, al menos para una parte de ella, que se viene proclamando —al parecer solo de boquilla— por los partidos políticos desde hace mucho tiempo. En la misma línea, la Autoridad acaba de proponer una reforma del gasto farmacéutico basada en un copago de medicamentos tasado según la renta, que permitiría abrir un interesante cauce de discusión sobre la racionalidad de los costes médicos.

El análisis de la Airef sobre las subvenciones revela los defectos estructurales de los procedimientos administrativos en el manejo del dinero de los contribuyentes. La institución ha descubierto que no hay forma de calcular cuál es el volumen real de subvenciones que paga el Estado, no existen o no se aplican métodos de control de esas aportaciones, no hay ni un asomo de rendición de cuentas y tampoco existe un seguimiento de los efectos, beneficiosos o perjudiciales, que produce ese dinero público. La burocracia como un mero registro donde se apuntan las ayudas concedidas y que prescinde de los cálculos económicos imprescindibles sobre su aplicación. De forma que los Gobiernos carecen de información para tomar decisiones cruciales, tales como suprimir una subvención o autorizar otra; y no tienen los datos necesarios para evaluar los costes de las políticas económicas aplicadas. La definición exacta de todo esto es “desorden administrativo”.

El mal es endémico, porque lo que la Autoridad denuncia sobre las ayudas públicas es aplicable tal cual a los gastos fiscales, que constituyen hoy una pesada rémora para el sistema tributario. Una reforma fiscal seria debería comenzar por un análisis coste-beneficio del vasto cuadro de deducciones y desgravaciones fiscales. No es aventurado adelantar que entre un 60% y un 70% de ellas es inoperante para los fines propuestos, es decir, ni genera empleo, ni estimula el ahorro ni favorece la inversión; simplemente se apunta como una resta rutinaria a los impuestos que hay que pagar. Si se suprimieran los beneficios fiscales inútiles, en nada sufriría la economía española y, a cambio, aumentarían los recursos del Estado.

La investigación de la Airef lleva necesariamente a reformas concretas para evitar la opacidad de las subvenciones y, en general, de todos los costes de los estímulos económicos pagados con dinero público. Estas reformas pueden plantearse desde una mejora parcial de los procedimientos de control del gasto o, siendo más ambiciosos, mediante una reforma administrativa que incluya una racionalización de los organismos públicos y de las relaciones estatales, autonómicas y municipales. La aportación de la Airef, una institución que se está tomando muy en serio su papel de vigilante del gasto público, mejora la información que los ciudadanos tienen sobre las finanzas públicas y sobre la calidad de los servicios del Estado.