Amores que matan (la Constitución)

Hay muchas formas de dañar la Carta Magna. Una de ellas es fosilizarla; la otra es hacerle decir lo que no dice

Quienes cada día invocan la Constitución deberían quererla más y frivolizar menos con ella. Los partidos de la derecha se han embarcado en una subasta al alza para ver quién la defiende mejor, pero hay formas de querer que acaban haciendo daño, e incluso matando, como muy bien saben las mujeres que han tenido la mala suerte de toparse con hombres que no conciben que puedan tener vida propia. A la Constitución le puede ocurrir lo mismo. Que acabe asfixiada por quienes dicen quererla tanto que actúan como si fueran sus dueños exclusivos.

Hay muchas formas de dañar la Constitución. Una de ellas es fosilizarla, impedir que pueda evolucionar para seguir siendo un instrumento útil con el que asegurar la convivencia y encarar los nuevos desafíos. Oponerse a cualquier tipo de reforma es una manera de fosilizarla. Esa ha sido hasta ahora la estrategia del PP. Cuando se le pregunta, se declara abierto a una reforma, pero exige al mismo tiempo un consenso que no está dispuesto a facilitar. Con ello se convierte en el carcelero del texto acordado en 1978, pues sin su concurso resulta imposible alcanzar la mayoría necesaria.

Otra es hacerle decir lo que no dice. Esa parece ser la estrategia en la que ahora coinciden el PP y Ciudadanos: la de intentar una reforma subrepticia, no declarada, por la vía de imponer una interpretación del texto que permita darle la vuelta a lo que se pactó en el 78. Por ejemplo, en materia autonómica. Casado y Rivera proponen una aplicación del artículo 155 que desborda por completo lo establecido en la Constitución, que no prevé en ningún caso una aplicación preventiva, indefinida y con una ocupación total de las instituciones autonómicas. Lo mismo cabe decir de la propuesta de ilegalización de algunas fuerzas independentistas. La Constitución no es militante. Ser independentista no es inconstitucional, como no lo es ser de Vox, a pesar de que la mayor parte de sus propuestas programáticas están fuera de la Constitución.

El catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo insiste en que esa aplicación del artículo 155 sería incompatible, no ya con la Constitución, sino con la democracia. Pero ellos insisten, sin provocar la reacción de alarma que cabría esperar. ¿Qué pretenden? De momento, abrir camino para cuando gobiernen. Establecer un marco discursivo en el que esa interpretación sea plausible y aceptable.