Ahora, Andalucía

Cualquier coalición es legítima, salvo con fuerzas que vulneran la Constitución

Una de las mayores distorsiones de la campaña electoral andaluza es que parte de los partidos que se presentaron hablaron poco de los graves problemas a los que se enfrenta la comunidad autónoma más poblada de España, y sacaron toda la artillería con el objetivo de debilitar al Gobierno de la nación. Con los escaños ya distribuidos en un Parlamento todavía más fragmentado que el anterior y sin mayorías rotundas, ahora se trata de negociar acuerdos sólidos que respondan a las urgencias de una población afectada todavía por los efectos de la profunda crisis económica.

Susana Díaz, la socialista que representa al partido con más votos, ha anunciado que se pondrá en contacto con el resto de fuerzas para procurar un acuerdo de investidura. No lo va a tener sencillo, dada su debilidad y las posiciones que han avanzado sus adversarios, pero le corresponde a ella en primer lugar tomar la iniciativa. Si no prosperara, al menos los primeros contactos ya se habrían establecido y también un cierto marco y la definición de lo que importa hacer: políticas de empleo y de crecimiento, intervención decidida en los sectores más dañados por los recortes, atención a las zonas rurales abandonadas, protección de los que se han quedado por el camino, etcétera; un plan que garantice la gobernabilidad de Andalucía en los próximos cuatro años para el bienestar de sus ciudadanos.

Son esas las políticas que la región necesita, y nada va a procurarle al futuro inquilino del palacio de San Telmo poner el foco en otros lugares. Lo peculiar del fuerte apoyo cosechado por Vox, el partido de ultraderecha que ha obtenido 12 diputados y que parece constituirse en uno de los polos de dicha gobernabilidad, es que en su programa no da ninguna pista, sino solo recetas ideológicas radicales, sobre las medidas que propone para tratar las necesidades de Andalucía. No se ha de estigmatizar a sus votantes, pues el voto de cada uno es fruto de múltiples variables. El problema es de sus líderes, que han hecho propuestas a sus electores que no tienen traducción concreta en el marco del Parlamento andaluz. Dinamitar la España autonómica, suspender el autogobierno de Cataluña, negar la integración en la Unión Europea, eliminar el Senado y el Tribunal Constitucional, casi todo el programa de Vox apunta a un sistema autoritario y supone una marcha atrás en lo construido en los últimos 40 años. Pero, además, ante los problemas de Andalucía, no es más que un brindis al sol. Su objetivo ha sido tocar fibras emocionales de ese sector de la población que se siente humillado y sacrificado, pero ese argumentario ultra no serviría ni para gobernar un municipio.

Uno de los problemas de las democracias consolidadas —lo vemos cada día— es la falta de propuestas políticas concretas para resolver los auténticos problemas de los ciudadanos. En un mundo polarizado son los mensajes de trazo grueso los que más inciden en unos votantes desconcertados y, muchas veces, fragilizados por su falta de perspectivas. Una cosa es la propaganda electoral, por muy deteriorada que esté, y otra muy distinta gobernar. Vox querría imponer una agenda maximalista que nada tiene que ver con el Gobierno de Andalucía. Los partidos que pacten con él quedarán involucrados en esa fraseología rancia de extrema derecha, de la que será muy difícil desprenderse. En un Parlamento democrático todas las coaliciones son legítimas, pero no los programas sobre los que se articulan. Los partidos que claudiquen ante el programa de Vox estarán poniendo en riesgo su compromiso constitucional y democrático.