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Opinión - 27.11.2019

Adiós al carbón

Los datos sobre el calentamiento global obligan a acelerar la transición energética

Uno de los principales obstáculos para alcanzar los objetivos de la Cumbre de París y frenar el cambio climático es el reparto de los costes que implicará la transición energética. La Unión Europea se ha propuesto alcanzar en 2050 la neutralidad del carbono, es decir, que no se emita a la atmósfera más C02 del que la naturaleza puede absorber. Este objetivo, indispensable para evitar que el calentamiento global supere los dos grados centígrados a final del siglo, exige un cambio en las fuentes de las que se obtiene la energía y la supresión paulatina de los combustibles fósiles en la producción industrial y la movilidad. El escaso margen de tiempo que queda y la complejidad de los cambios que hay que abordar obligan a actuar con determinación y rapidez, por eso hay que saludar que entre las medidas que pretende lanzar en sus primeros cien días de Gobierno la nueva Comisión Europea sea la creación de un fondo para financiar la sustitución del carbón, el combustible fósil que más contamina y también el que provoca mayores emisiones de gases de efecto invernadero.

Eliminar el carbón es el primer paso para lograr una economía libre de combustibles fósiles, pero no todos los países están en las mismas condiciones para poder prescindir de esta fuente de energía. De ahí la necesidad de establecer incentivos y compensaciones que aceleren el proceso y permitan una transición justa. De momento, la Comisión se propone dotar el fondo con 5.000 millones de euros con la idea de que esa cantidad inicial pueda llegar a movilizar hasta 35.000 millones entre inversión pública y privada, de los que podrán beneficiarse 50 regiones, entre ellas seis españolas.

La cifra puede ser insuficiente, dados los elevados costes económicos y sociales de la reconversión, pero es un primer paso que tiene además la virtud de abrir camino y sentar las bases necesarias para abordar la sustitución del resto de combustibles fósiles. El cierre de las minas de carbón y de las centrales que utilizan este combustible supondrá la pérdida de dos tercios de los actuales empleos del sector, es decir, unos 160.000 puestos de trabajo en toda la UE. Polonia es el país más afectado y es comprensible su preocupación pues el 80% de su energía procede del carbón, pero la agenda ambiental europea hace tiempo que señala la necesidad de prescindir de este combustible y ahora resulta urgente hacerlo, no solo por los onerosos costes ambientales que tiene, sino también porque ha dejado de ser rentable.

La competencia de las energías renovables y el aumento del coste de las emisiones (hasta 25 euros por tonelada de CO2 emitida) hacen que la mayor parte de las centrales de carbón hayan entrado en pérdidas. Países como Francia, Italia, el Reino Unido o Finlandia han aprobado planes para prescindir del carbón en 10 años. Ese plazo debería extenderse a toda la UE. España ha acelerado el cierre de minas y centrales de carbón pero, dadas las condiciones en las que estas operan, estaría justificado fijar incluso un plazo menor. No tiene sentido mantener una industria que, además de contaminar, es deficitaria.

Los datos sobre el calentamiento global son cada vez más alarmantes y eso obliga a acelerar la agenda de la transición energética. El camino para un Green New Deal europeo está trazado. Los Gobiernos saben qué hay que hacer para avanzar en la descarbonización de la economía. Es la hora de asumir los costes.

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