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Internacional/Mundo - 18.12.2018

Moción de confianza laborista contra May por retrasar a enero la votación del ‘brexit’

Corbyn, líder de la oposición, afirma que la ‘premier’ quiere maniputar el Parlamento cara a la votación decisiva

El Ejecutivo prepara un fondo de 2.000 millones de libras para frenar una salida sin acuerdo de la UE

Jeremy Corbyn acusó este lunes a Theresa May de haber conducido al país a “una crisis constitucional” por la forma en que ha negociado el ‘brexit’ y anunció la presentación de una moción de confianza contra la primera ministra, por haber retrasado la votación en el Parlamento del acuerdo de salida hasta la tercera semana de enero. “No hay una razón lógica para ese retraso”, señaló. “Sobre la mesa hay un acuerdo inaceptable” que “ni siquiera tiene el respaldo del gabinete”.

Corbyn acusó a May de retrasar “cínicamente” la votación para “manipular al Parlamento y hacerle elegir entre dos soluciones inaceptables: su acuerdo o no acuerdo”.  A diferencia de una moción contra el Gobierno, la presentada por el líder de la oposición no puede hacer caer al Ejecutivo pero sí dejar en evidencia lo insostenible de la posición de May. La primera ministra lidera, según Corbyn, “el Gobierno más calamitoso y caótico en la historia moderna británica”. El Partido Laborista no aclaró cuándo tendrá lugar el debate y la votación de la moción, si finalmente ambos se llevan a cabo.

Intento de intimidación

May compareció ante los diputados para informar de los resultados de la cumbre de la Unión Europea en Bruselas de la pasada semana, en la que reclamó inútilmente modificaciones del acuerdo sobre la salvaguarda para Irlanda del Norte. En medio de fuertes protestas, anunció que el debate interrumpido el 10 de diciembre, cuando unilateralmente decidió aplazar la votación prevista un día más tarde, tendrá lugar la semana del 14 de enero. Justificó el retraso argumentado que continuarán las discusiones con la UE, algo que contradice lo señalado por la Comisión Europea.  A pesar de la falta de apoyos para su plan, May descartó tajantemente la posibilidad de un segundo referéndum.

“Cuando votemos, los miembros (de la Cámara) deberán pensar con mucho cuidado cuál es el interés del país. Sé que hay una gama de opiniones personales muy drásticas sobre este asunto y las respeto todas, pero no estamos aquí para expresar nuestros puntos de vista”, señaló May. “Si dejamos a lo perfecto se convierte en el enemigo de lo bueno, nos arriesgamos a dejar la Unión Europea sin acuerdo”. Esa amenaza es percibida por la mayoría de los diputados como un intento de intimidación.

2.000 millones extra

El retraso de la votación hasta después de Navidad deja escaso margen a los parlamentarios para presentar alternativas, en caso de que el pacto sea rechazado. La pausa navideña oficial comienza este viernes y concluye el domingo 6 de enero. Un grupo de diputados estaba tratando de acortar voluntariamente las vacaciones para debatir y votar el acuerdo lo antes posible. La decisión debía tomarla la Líder de la Cámara, Andrea Leadsom. “Honestamente no creo que las empresas, los patronos o los votantes vayan a entender que esta Cámara se vaya de vacaciones dos semanas, cuando debería estar votando esta semana”, señaló la conservadora Nicky Morgan, presidenta del Comité del Tesoro.

La oficina de la primera ministra en Downing Street anunció que el Gobierno está reforzando los planes para afrontar una salida sin acuerdo, asunto que debatirá este martes. May desveló que el comité de seguridad nacional, Cobra, está manteniendo reuniones regulares para hacer frente a esa situación, que se intensificarán en enero. El Ejecutivo se dispone a anunciar otros 2.000 millones de libras extra de provisión en caso de una ruptura por la bravas, cantidad que vienen a sumarse a los 4.200 millones ya adjudicados anteriormente para este fin.   

Plan aniquilador

En esta situación crítica y caótica, el Ejecutivo aún no ha publicado el documento con los detalles sobre la política de inmigración que impondrá después del ‘brexit’, cuando finalice el principio de libre circulación de ciudadanos de la UE en territorio británico. Los rumores de que planea reducir en un 80% la migración procedente de la UE alarma a los empresarios. Tales planes, advierten, serían un golpe aniquilador para el sector de la hostelería. “Si los rumores son ciertos, significa que el Gobierno simplemente no escucha las necesidades de las empresas”, señala Kate Nicholls, directora ejecutiva de la organización UKHopitality, la mayor organización de hoteleros, cátering y restaurantes en el país. “Esta es una decisión ideológica que no beneficiará a los negocios en el Reino Unido. Sólo dañará la economía nacional” añade Nicholls.

El Gobierno estaría pensando en limitar la entrada a nuevos inmigrantes con un salario mínimo anual a partir de las 30.000 libras (33.364 euros), una cifra que está por encima del actual salario mínimo, fijado en 20.155 libras (22.407 euros), una paga habitual en buena parte de la hostelería. “Si esto se aplica en todos los ámbitos, la mitad de la gente empleada en Londres no podría trabajar aquí”, advierte Mark Hilton, director de inmigración y empleo de la organización London First, que representa a los principales negocios en la capital.

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