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Internacional/Mundo - 11.01.2019

Los dos periodistas de Reuters detenidos en Birmania continuarán en prisión

Wa Lone y Kyaw Soe Oo estaban investigando la matanza de la minoria rohinyá

Wa Lone y Kyaw Soe Oo, los reporteros de la agencia Reuters encarcelados mientras investigaban una matanza contra rohinyás en Birmania, continuarán en prisión después de que un tribunal desestimara hoy el recurso de apelación.

El magistrado U Aung Naing, al cargo del caso, adujó a la falta de «suficientes evidencias» para liberar a los reporteros y por ello mantiene la condena de siete años de cárcel dictada el pasado septiembre por vulnerar la Ley de Secretos Oficiales, una norma de la época colonial. El Reino Unido ha pedido a la líder del país, la Nobel de la paz Aung San Suu Kyi, que intervenga para posibilitar la libertad de los periodistas.

«Estoy muy triste», dijo entre lágrimas la mujer de Kyaw Soe Oo a los medios que aguardaban en la salida de los juzgados, donde en esta ocasión no fueron llevados los reporteros encarcelados para escuchar la decisión judicial. U Than Zaw Aung, uno los abogados defensores, precisó que el siguiente paso es reunirse con los condenados para escuchar su «voluntad» y tomar una decisión respecto a presentar una apelación ante el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial del país.

Los abogados cuenta con 60 días para estudiar un nuevo recurso contra la condena y, en caso de proceder, la decisión del Supremo dejará el caso en firme.

«Buscan silenciar la verdad»

«La decisión de hoy es otra injusticia entre las muchas infligidas a Wa Lone y Kyaw Soe Oo. Permanecen tras las rejas por una razón: aquellos en el poder buscan silenciar la verdad», indicó en un comunicado Stephen J. Adler, director general de la agencia Reuters.

El juicio contra los periodistas, quienes se declaran inocentes, y su consiguiente envío a prisión ha puesto en duda la independencia judicial en Birmania, que tras casi medio siglo controlado por diversas juntas militares inicio en 2011 un proceso de transición hacia la democracia.

El actual Gobierno, liderado de facto por la nobel de la Paz Aung San Suu Kyi tras vencer de manera holgada en las elecciones de 2016, ha decepcionado con sus tímidos avances en derechos humanos.

«Informar no es un crimen, y hasta que Birmania corrija esta terrible equivocación, la prensa no será libre en el país y el compromiso de Birmania con el estado de derecho y la democracia permanecerá en duda», añadió Adler.

El embajador de la Unión Europea en Birmania, Kristian Schmidt, afirmó sentirse «decepcionado» por la «oportunidad perdida para corregir una equivocación» cometida contra los reporteros.

«Esto plantea serias dudas sobre la independencia judicial en Birmania y sobre los derechos de información de los ciudadanos para conocer la verdad», declaró a los medios Schmidt al urgir al presidente Win Myint a la «liberación inmediata y sin condiciones» de los periodistas.

«Un día en prisión ya era una injusticia. Esta espantosa farsa debe terminar ahora», mantuvo por su parte Tirana Hassan, directora de respuesta frente a crisis de la organización garante para los derechos humanos Amnistía Internacional.

Víctimas de una trampa

Wa Lone y Kyaw Soe Oo fueron detenidos la noche del 12 de diciembre de 2017 en posesión de documentos confidenciales que, según estos, les acababan de entregar dos policías con los que se habían reunido y cuyo contenido no llegaron a conocer porque fueron arrestados nada más recibirlos.

Los reporteros, que aseguran ser víctimas de una trampa por parte de los agentes, investigaban entonces una masacre de 10 rohinyás en la aldea de Inn Dinn, en el estado de Rakáin, situado en el oeste de Birmania.

Estos asesinatos se produjeron en el marco de una operación del Ejército en agosto de 2017 en respuesta a una serie de ataques de un grupo insurgente rohinyá contra una treintena de puestos fronterizos.

La investigación de Wa Lone y Kyaw Soe Oo provocó que siete soldados fueran condenados en abril de 2018 a diez años de prisión por la matanza, el único abuso reconocido por las autoridades birmanas.

No obstante, el Gobierno y el Ejército rechazan las conclusiones de una comisión especial de la ONU, que el pasado septiembre calificó de genocidio la campaña militar que causó unos 10.000 muertos, según cifras conservadoras, el éxodo de más de 723.000 rohinyás a Bangladesh.

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