El ex-KGB impide a los historiadores el acceso a los archivos de la represión de Stalin

Los investigadores denuncian un «bloqueo sin precedentes» a los documentos históricos y lo califican de «triste señal de los tiempos actuales»

Serguéi Prudovsky es un historiador de Moscú que investiga el alcance de la denominada ‘operación Harbin‘, una de las más mortíferas campañas represivas llevadas a cabo bajo el mandato de Stalin durante el ‘Gran Terror’, a finales de los años 30. En esa ocasión, las víctimas fueron decenas de miles rusos emigrados tras la revolución bolchevique a la ciudad china de Harbin, en Manchuria, muy cerca de la frontera con Siberia, quienes decidieron regresar a la URSS en el verano de 1935 después de la venta del Ferrocarril Transmanchuriano, pensando que, una vez consolidado el régimen soviético, la situación ya permitía volver y reintegrarse en su país de origen.     

Durante dos años, los ‘rusos de Harbin’ retornados recibieron un trato exquisito de la población soviética y las autoridades de la URSS, siendo recibidos con flores y entre vítores, y pudiendo instalarse en cualquier punto del país que quisieran. Pero en 1937, con la cercanía de la guerra mundial, las ánimos cambiaron y Nikolái Yezhov, al frente entonces del Comisariado del Pueblo para los Asuntos Internos (NKVD, por sus siglas en ruso), el precursor del KGB, emitió la orden 00593 que dió inicio a una masiva operación para neutralizar y aniquilar a los emigrados llegados de China, entre otros grupos étnicos o minorías nacionales. Se calcula que alrededor de 20.000 personas murieron ejecutadas o en los campos de trabajo a los que fueron deportados, acusados de trabajar como espías al servicio de Japón o Alemania.

Las labores de Prudovsky, que se interesó en el tema tras leer las memorias de su abuelo, Stepan Kuznetsov, un ‘ruso de Harbin’ que pasó tres lustros internado en campos de trabajo, estaban sacando a la luz los detalles de una de las operaciones de represalia estalinista más sangrientas y olvidadas, lo que le había valido numerosas invitaciones a eventos y universidades. Pero sus esfuerzos acaban de darse de bruces con un obstáculo por el momento insalvable: la negativa del FSB a permitirle el acceso a las actas de las reuniones de la denominada ‘Troika Especial’ del NKVD, las tres personas que emitían sentencias contra los condenados tras investigaciones simplificadas y procesos falsificados sin ningún tipo de garantías jurídicas.

Juicios falsificados

«No quieren que la sociedad conozca que se ejecutaba a gente en juicios falsificados por el NKVD», explica en conversación telefónica el propio Prudovski. Al fin y al cabo, el FSB no es más que uno de los herederos del temible comisariado popular que en los años 30 dirigía Nikolái Yezhov, lo que en el fondo le convierte en juez y parte en esta polémica de gran calado político. Preguntado acerca de si el veto se debe a que el país está presidido por Vladímir Putin, un exagente del exKGB que antes de llegar a la presidencia del país, dirigió la organización, Prudovski prefiere responder con un rodeo: «Con este Gobierno no se nos concederá nunca el acceso; con otro, hay esperanzas».

Y no se trata de una negativa puntual. Fue precisamente Prudovski quien, el pasado verano, denunció que las autoridades estaban destruyendo pruebas documentales del paso de prisioneros por el Gulag, la red de campos de trabajo soviéticos, en concreto «cartas de los prisioneros», según explica siguiendo las instrucciones de una orden secreta que incluía el visto bueno no solo del FSB y del Servicio de Inteligencia Exterior (SVR), otra de las agencias herederas del KGB, sino también del Ministerio de Interior, del de Justicia e incluso del Comité de Investigación, equivalente a la Fiscalía en España.  El revuelo causado obligó entonces a las autoridades a dar explicaciones, e incluso motivó una pregunta al presidente del Consejo sobre los Derechos Humanos, Mijaíl Fedotov, de parte del director del museo del Gulag, Román Romanov, consciente de que un crimen o una violación de los derechos humanos cae en el olvido una vez se destruye la información.  

Nikita Petrov, historiador de la oenegé de derechos humanos Memorial, llega a una unica y sombría conclusión. En declaraciones recientes al rotativo Kommersant, considera que todo este bloqueo no es más que «un triste signo de los tiempos que corren».