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Internacional/Mundo - 21.05.2019

Ecuador revisa la nacionalidad que le otorgó a Assange

Asimismo, la Fiscalía retiró las pertenencias del fundador de WikiLeaks de la embajada en Londres

La Fiscalía de Ecuador empezó a retirar las pertenencias que dejó el australiano Julian Assange en la embajada de su país en Londres y a revisar el otorgamiento de la nacionalidad ecuatoriana que le concedieron en diciembre de 2017.

La Cancillería del país andino puntualizó el lunes que las pertenencias del fundador de WikiLeaks de las que se incaute la Fiscalía con fines de investigación serán remitidas a Ecuador según los procedimientos legales.

Además, señaló que si se concluye que algunos de los bienes incautados se deben transmitir a la justicia de Estados Unidos, que ha formulado una petición de asistencia penal, «se procederá a hacerlo siguiendo las normas y procedimientos legales de rigor».

Los funcionarios de la Fiscalía que recojan las pertenencias las enviarán en Ecuador para que sean analizadas con posterioridad, agregó la Cancillería al precisar que esa acción cuenta con la autorización de un juez competente.

La diligencia se ejecutó en atención al pedido de asistencia judicial presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de conformidad con la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal (Convención de Nassau).

Revisan su naturalización

Por su parte, la Contraloría (tribunal de cuentas) de Ecuador advirtió de que aparentemente la carta de naturalización de Assange otorgada en diciembre de 2017 viola la Ley Orgánica de Movilidad Humana.

En una sesión de lectura de las conclusiones preliminares de una indagación al respecto, la Contraloría también confirmó un irregular comportamiento de Assange, argumento que el actual Gobierno ecuatoriano esgrimió para retirarle el asilo y permitir que la policía británica le detuviera dentro de la embajada.

En la audiencia en la que la Contraloría reveló su informe participó Luis Falconí, embajador en Londres entre septiembre de 2013 y junio de 2015.

Falconí declaró a los medios que considera el proceso de naturalización «totalmente cuestionable» porque, a su criterio, viola la normativa ecuatoriana e internacional y que, tal y como también apuntó la Contraloría, no se cumplieron los causales dispuestos en la ley.

El informe deja claro que la naturalización no cumplió con al menos tres requisitos, entre ellos el de haber residido en el país durante un periodo mínimo de tres años.

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