La Junta Electoral analizará la legalidad de los nuevos símbolos puestos por Torra

Casi 48 horas después de que expirara el plazo que le había dado para que retirara los lazos amarillos en las instituciones catalanas, el presidente lo cambió por uno blanco en la pancarta de la Generalitat

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha tapado esta mañana la pancarta con el lazo amarillo de la fachada del Palau de la Generalitat. Casi 48 horas después de que expirara el plazo que le había dado la Junta Electoral para que retirara la pancarta que pide la libertad de los presos con un lazo amarillo, Torra ha evitado descolgar la pancarta. Pero la ha tapado con una nueva, que incluye la misma frase «libertad presos políticos y exiliados» (en inglés y catalán) pero en esta ocasión en vez de un lazo amarillo, aparece un lazo blanco atravesado por una franja roja que reivindica la democracia.

Torra dijo ayer que no acataría la orden de la Junta Electoral, pero sí atendería a la recomendación que le hizo el Defensor del Pueblo catalán de evitar los lazos amarillos y las 'esteladas' en periodo electoral en los edificios públicos. «No da ni dará ninguna orden como le había exigido la Junta», según el comunicado que envió ayer el Palau de la Generalitat. El presidente de la Generalitat, en efecto, no ha retirado el lazo, sino que lo tapado por otro cartel. Eso en el balcón de la sede del Palau de la Generalitat, en la plaza Sant Jaume de Barcelona. En una ventana contigua, los mismo funcionarios del Gobierno catalán han colocado una segunda pancarta que reclama «libertad de expresión», con el logo de esta reivindicación.

Colocan una nueva pancarta en el balcón del Palau de la Generalitat tapando el lazo amarillo pic.twitter.com/1PZBZFvZb6

— Europa Press TV (@europapress_tv) 21 de marzo de 2019

Lo ha hecho, poco antes de las 10.30 de la mañana y horas antes de la reunión extraordinaria de la Junta Electoral, que debe decidir los próximos pasos a seguir en la polémica sobre los lazos amarillos. Sobre la mesa está la posibilidad de que abra un expediente administrativo, que podría acabar en una multa de 300 a 3.000 euros, o acudir a la Fiscalía que podría abrir causa penal o instar a los Mossos d'Esquadra para que retiren la simbología.

La JEC exige nueva información

De momento, la JEC ha pedido a la Delegación del Gobierno en Cataluña que le facilite nueva información sobre el grado de cumplimiento de la orden de retirada de lazos amarillos y banderas esteladas de los edificios de la Generalitat, y si han sido sustituidos por otros elementos.

En su solicitud, la JEC ha pedido a la Delegación del Gobierno que antes de las 16:00 horas le remita fotografías de los edificios más representativos del Gobierno catalán para conocer el grado de cumplimiento de esa orden, antes de su reunión prevista para una hora después.

En esa reunión, la Junta Electoral deberá decidir si Torra está cumpliendo con su requerimiento y si debe activar alguno de los escenarios previstos en caso de desobediencia: remitir el caso a la Fiscalía, abrir expediente o instar a los Mossos d'Esquadra a que quiten los nuevos símbolos.

De hecho, una negativa del presidente de la Generalitat a retirar esa simbología podría acarrear su inhabilitación si se le considerase responsable del delito de desobediencia ya apuntado por la JEC. En concreto, el artículo 410 del Código Penal prevé «multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años» por el delito de desobediencia por parte de una autoridad pública a resoluciones judiciales.

Por su parte, el presidente de Societat Civil Catalana, Josep Ramon Bosch, y el portavoz de Abogados Catalanes por la Constitución, Ramon de Veciana, han presentado esta mañana ante la Fiscalía una denuncia contra el presidente Quim Torra por «desafiar a la Junta Electoral Central y negarse a retirar los símbolos partidistas del Palau de la Generalitat». PP y Ciudadanos también han acudido estos últimos días a la Fiscalía, por lo que Torra corre el riesgo de ser inhabilitado por desobediencia.

En este caso, no puede decirse que Torra tuviera la presión de la calle para acatar o no la decisión de la Junta Electoral, ya que no hay manifestantes independentistas en la plaza Sant Jaume siguiendo la polémica de los lazos.

Lazo blanco, franja roja, inspirado en Joglars y Òmnium

El presidente catalán, Quim Torra, ha sustituido este jueves el lazo amarillo de la pancarta a favor de «presos y exiliados» en la fachada del Palau de la Generalitat por un lazo blanco atravesado por una franja roja, un nuevo símbolo que se inspira en Els Joglars y en una campaña de Òmnium Cultural.

El 7 de septiembre de 1977, en el Teatro Argensola de Barbastro (Huesca), en plena Transición, la compañía teatral Els Joglars, dirigida por Albert Boadella, estrenó la obra «La torna», una crítica mordaz del franquismo que evocaba las ejecuciones en 1974 de Salvador Puig Antich y Heinz Chez. La obra, que indignó a los altos mandos militares, levantó tal revuelo que llegó a ser objeto de un consejo de guerra contra los artistas que intervenían en la pieza.

El propio Boadella fue detenido, pero consiguió fugarse y se refugió en Francia, mientras en España y en el exterior se inició una campaña contra la censura posfranquista que tuvo como símbolo una máscara blanca atravesada por una franja roja que le tapaba la parte de la boca, junto al lema «Libertad de expresión».

Justamente esta misma imagen de la máscara blanca con la franja roja tapándole la boca y con la inscripción «Libertad de expresión» cuelga desde esta mañana en forma de pancarta de uno de los balcones de la fachada del Palau de la Generalitat, junto a otra pancarta con el lema «Libertad presos políticos y exiliados» y un lazo blanco atravesado también por una franja roja.

Este símbolo inspirado en Els Joglars fue adoptado asimismo por Òmnium Cultural para su campaña Crida per la Democràcia, lanzada en julio de 2017 para reivindicar el derecho de los catalanes a expresarse en el referéndum de autodeterminación que el Govern de Carles Puigdemont ya había convocado para el 1 de octubre.

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