Anticorrupción exime a Ruiz-Gallardón de responsabilidad penal en el ‘caso Lezo’

La Fiscalía considera que el expresidente madrileño y exministro de Justicia no tuvo implicación en la fallida compra de la filial del Canal de Isabel II en Colombia en 2001, con un «sobreprecio» de entre 25 y 35 millones de dólares

La Fiscalía Anticorrupción ha eximido al expresidente madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón, de responsabilidad penal en una de las piezas separadas del 'caso Lezo', el presunto saqueo de la empresa pública Canal de Isabel II. En concreto, se trata de la compra presuntamente fraudulenta en 2001 por 73 millones de dólares de la sociedad colombiana Inassa por parte del Canal, una operación en la que se pudieron haber malversado entre 25 y 35,4 millones.

El equipo de gobierno de Ruiz-Gallardón autorizó la compra de esta empresa de aguas colombiana a través de una sociedad radicada en Panamá, Aguas de América. Tanto él como el que fuera su número dos, Manuel Cobo, también investigado, defendieron durante la instrucción esta decisión. Alegaron que había reportado más de 200 millones de euros en beneficios para los madrileños pese a las «irregularidades» apreciadas por Anticorrupción.

El también exministro de Justicia, que declaró ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en junio de 2018, insistió en que fue «ética» la operación de compra, negó que hubiesen mediado comisiones ilícitas y puso el acento en que contaba con todos los informes preceptivos favorables, si bien en las actuaciones consta un estudio de la consultora Cuatrecasas crítico con la adquisición.

A expensas de la decisión final del juez, el movimiento de la Fiscalía en la pieza de la compra de Inassa beneficia también al expresidente madrileño Ignacio González y a Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado el hombre fuerte del primero en los negocios del Canal de Isabel II en América. Sin embargo, ambos siguen estando investigados en otras piezas del 'caso Lezo'.

Juan Bravo, hacedor de las tasas judiciales

A lo largo de la instrucción, los fiscales y el juez han escuchado a todos los miembros del Consejo de Gobierno de Ruiz-Gallardón, cuyos representantes alegaron que se habían fiado de los informes técnicos para refrendar la operación, así como a altos cargos de distintas etapas de gestión de la empresa pública de aguas, una de las joyas de la administración madrileña.

Anticorrupción, en cambio, pide al juez procesar a 23 personas por un delito de malversación de caudales público agravado. Dos de ellas formaban parte de aquel ejecutivo de Ruiz-Gallardón: Pedro Calvo y Juan Bravo. Éste siguió al expresidente madrileño en el Ministerio de Justicia como alto cargo y fue el hacedor de las llamadas tasas judiciales. Ambos, además, eran miembros del Consejo de Administración del Canal cuando se autorizó la compra de Inassa en la sesión de 14 de noviembre de 2001, «pese a conocer que se iba a interponer en la operación una sociedad panameña y el sobreprecio injustificado que se iba a pagar», según Anticorrupción.

Dos de los avales del escrito de acusación del Ministerio Público son los informes periciales elaborados, respectivamente, por las Unidades de Apoyo de la Intervención General del Estado y de la Agencia Tributaria adscritas a la fiscalía especializada. El primero de ellos, del pasado 14 de mayo, analiza exhaustivamente el proceso de adquisición de Inassa y el sobreprecio pagado por esta compra.

Uno de los principales implicados sería Arturo Canalda, abogado, miembro entonces del Consejo del Canal, exdirector de la Cámara de Cuentas de Madrid y exasesor de Esperanza Aguirre, entre otros cargos, quien «conocía las circunstancia de la operación mercantil», remacha Anticorrupción.