Serra, Todó y el resto de los exdirectivos de CatalunyaCaixa, absueltos en el caso de los sobresueldos

• La Audiencia de Barcelona considera que no hay delito "ni en los aumentos de sueldo ni en el proceso que llevó a su aprobación"
• El Estado tuvo que inyectar más de 13.500 millones de euros en ayudas públicas y perdió 11.500 millones tras su venta a BBVA

Adolf Todó y Narcís Serra en una imagen de archivo.

EFE

Xavier Bertral

La Audiencia de Barcelona ha absuelto al expresidente de CatalunyaCaixa Narcís Serra, al ex director general de la entidad Adolf Todó y a los otros 39 miembros del Consejo de Administración que estaban acusados en el caso de los sobresueldos abonados en 2010 a la antigua cúpula de esa entidad bancaria, que tuvo que ser rescatada con dinero público.

El tribunal ha considerado que "no existe comportamiento delictivo ni en los aumentos de sueldo ni en el proceso que llevó a su aprobación", según recoge la Agencia Efe.

Eso no es lo que opinaba la Fiscalía, que acusó a Serra, Todó y otros 15 exconsejeros de dos delitos de administración desleal por los "escandalosos" sueldos e indemnizaciones que aprobaron para sus exdirectivos entre los años 2009 y 2011, pese a la crítica situación de la antigua caja de ahorros. Para los primeros pidió cuatro años -lo rebajó a tres en noviembre- y para el resto de acusados, dos años de prisión.

"A pesar de la difícil situación económica global y en particular del sistema financiero y especialmente de esta caja, los sueldos de los altos directivos Adolf Todó [director general] y Jaume Massana [director general adjunto] no dejaron de subir durante los años 2009, 2010 y 2011", denunciaba el fiscal.

Subida de sueldos mientras que CatalunyaCaixa era rescatada

Todó, por ejemplo, obtuvo unos ingresos totales de más de 4 millones entre 2008 y 2012, a los que hay que sumar las aportaciones al plan de pensiones (casi 2 millones más). El entonces director general vio cómo crecieron sus emolumentos en enero de 2010 -su sueldo variable anual pasó del 35 al 50%- y en 2011 -dentro de un crecimiento para todo el comité de dirección-.

El fiscal sostenía en la denuncia que estos acuerdos se aprobaron en una "situación crítica" y de "insolvencia" de la entidad. De hecho, el FROB inyectó 1.250 millones de euros en 2010; 1.718 más en 2011, y nuevamente 9.084 millones en 2012 (procedentes del rescate bancario español), con lo que se hacía con el 100% del capital en un año en el que perdió casi 12.000 millones de euros. 

De esta forma, el Estado puso 12.624 millones de euros en ayudas públicas, a los que hay que sumar más de 1.000 millones procedentes del Fondo de Garantía de Depósitos para dar liquidez a los afectados por las participaciones preferentes. Tras su venta a BBVA, el Estado calcula que había perdido más de 11.500 millones.