Rebelión frente a sedición: la existencia o no de «violencia» como clave de bóveda del juicio del ‘procés’

• La Fiscalía acusa a nueve de los doce procesados de rebelión al entender que hubo violencia, pero la Abogacía ve solo sedición
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Cuáles son los delitos de los que se acusa a los doce líderes independentistas en el juicio del 'procés'

Los doce líderes independentistas que se sentarán en el banquillo del Supremo están acusados de hasta cinco delitos -rebelión, sedición, malversación, desobediencia y organización criminal– aunque ninguno lo está de todos ellos a la vez. La clave del juicio del procés estará, no obstante, en si el alto tribunal considera si hubo violencia o no en el proceso que culminó con la declaración de independencia de Cataluña el 27 de octubre de 2017 tras la celebración del referéndum del 1-O, en el caso de que la sentencia sea condenatoria.

Este matiz es clave para los nueve procesados a los que la Fiscalía y la acusación popular ejercida por Vox acusa de rebelión -un delito contra la Constitución que implica el uso de la violencia- mientras que la Abogacía del Estado les atribuye sedición -un delito contra el orden público- al argumentar que no hubo violencia tras cambiar de criterio. Son los que están en prisión preventiva: el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn y Dolors Bassa.

La Fiscalía sostiene en su escrito de acusación que la "violencia" fue un medio más en la "estrategia" que presuntamente diseñaron los encausados con el propósito de lograr la independencia de Cataluña y pone como ejemplo el "asedio" a la Consellería de Economía y Hacienda. La Abogacía del Estado considera que hechos como este se enmarcan dentro de "incidentes contra el orden público" y habla de "ambiente crispado y hostil", pero no ve la violencia necesaria para tipificar de rebelión lo ocurrido.

La diferencia no es irrelevante. Las peticiones de cárcel de las acusaciones solo por el delito de rebelión oscilan entre los 16 y 25 años que pide el Ministerio Público hasta los 50 años que reclama el partido de ultraderecha, mientras que las de sedición se enmarcan en una horquilla de 8 a 12 años. [Gráfico: delitos]

Rebelión

El Código Penal considera reos de rebelión a los que "se alzaren violenta y públicamente" para "derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución", "declarar la independencia de una parte del territorio nacional" o "sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno", entre otros fines. [Código Penal, artículos 472, 473 y 478]

Estos son los tres objetivos que perseguían, según la Fiscalía y Vox, los nueve procesados a los que acusan de rebelión, aunque el Código Penal también considera que hay rebelión si se usa la violencia para destituir a un rey o reina, evitar la celebración de elecciones, disolver las Cortes u otros parlamentos autonómicos o sustituir a un gobierno. 

La Fiscalía y Vox argumentan que hubo rebelión porque se usó "violencia" como medio para lograr la independencia de Cataluña. Para ello, dice el Ministerio Público, se valieron de la "fuerza intimidatoria" de la "actuación tumultuaria" de las movilizaciones ciudadanas y del "uso de los Mossos d'Esquadra como un cuerpo policial armado". La Fiscalía enmarca en estos actos violentos el "asedio" a la Consejería de Economía y Hacienda el 20 de septiembre de 2017, con la destrucción de coches policiales, y los llamamientos a la participación el 1-O fomentando, propiciando y buscando -sostiene- "el enfrentamiento directo entre multitudes de ciudadanos y las fuerzas de seguridad".

El Ministerio Público acusa de rebelión como "promotores" o "jefes principales" al vicepresidente Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Para el primero pide 25 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación absoluta y para los otros tres, 17. En el caso de Junqueras, la acusación es de rebelión con "distracción ilegal de caudales públicos", el mismo delito del que acusa a los cinco exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn y Dolors Bassa, para los que solicita 16 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación. Vox no hace distinciones y pide para los nueve 50 años por dos delitos de rebelión.

Sedición

El Código Penal considera reos de sedición a los que, "sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen públicamente y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales". [Código Penal, artículos 544 y 545]

La Abogacía del Estado considera, en este sentido, que hubo sedición y no rebelión. El "plan orquestado", argumenta, incluía un "enfrentamiento" desde el Govern y el Parlament "contra la legalidad constitucional y estatutaria" y "movilizaciones sociales para presionar al Estado", pero califica de "incidentes contra el orden público" y no de violencia lo ocurrido en las protestas como la llevada a cabo frente a la Consellería de Economía y Hacienda.

Acusa a los líderes independentistas de llamar a la participación el 1-O con "plena consciencia" de que podían producirse "altercados, tumultos y disturbios" pero no señala, como sí hace la Fiscalía, que lo hicieran con intención de buscar y promover enfrentamientos.

La Abogacía del Estado reclama en su escrito de acusación 12 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación por sedición y malversación para el exvicepresidente Junqueras; 11 años y medio para los exconsellers Turull, Forn, Rull, Romeva y Bassa por los mismos delitos; y 10 años para la expresidenta del Parlament y 8 para Sánchez y Cuixart solo por un delito de sedición.

Malversación

Las acusaciones atribuyen desvío de dinero público a nueve de los doce procesados -al exvicepresidente Junqueras y los ocho exconsellers- para la organización del referéndum del 1-O a pesar de que el Tribunal Constitucional había prohibido su realización. No están acusados de este delito al no haber estado en el Govern manejando presupuestos públicos ni Carme Forcadell ni Jordi Sànchez ni Jordi Cuixart.

El Código Penal considera malversación a la administración desleal del dinero público que comete una autoridad o funcionario público cuando desvía fondos causando un perjuicio sobre el patrimonio. [Código Penal, artículo 432].

La Fiscalía habla de rebelión con "distracción ilegal de caudales públicos" en el caso de Junqueras, Turull, Forn, Rull, Romeva y Bassa [ver más arriba] y de "malversación" como tal en el caso de los tres exconseller actualmente en libertad provisional -Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santiago Vila-, para los que pide 7 años de cárcel y 16 de inhabilitación absoluta.

La Abogacía del Estado, por su parte, une el delito de sedición y malversación en su escrito de acusación en el caso del exvicepresidente y los cinco exconsellers en prisión preventiva y reclama 7 años de prisión y diez de inhabilitación especial por malversación para los tres exconsellers que no están en la cárcel. Vox no hace diferencias y pide 12 años de prisión para los nueve por este último delito.

Desobediencia grave

Solo están acusados de desobediencia grave los tres exconseller en libertad provisional, Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santiago Vila. Es un delito que les imputa la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular por no cumplir con los requerimientos del Tribunal Constitucional al aprobar el decreto de convocatoria del referéndum del 1-O.

Según el Código Penal, incurren en desobediencia las autoridades o funcionarios públicos que se niegan abiertamente a cumplir resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales. [Código Penal, artículo 410.1 en relación con artículo 74].

La ley en este caso no contempla penas de cárcel, solo multas e inhabilitación. Castigos que pueden ser mayores si la desobediencia se ejecuta como un "plan preconcebido". De esta forma, la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden multa de 30.000 euros e inhabilitación especial de 20 meses para empleo o cargo público para Mundó, Borrás y Vila. Vox reclama para ellos multa de 108.000 euros e inhabilitación de dos años.

Organización criminal

Vox es la única acusación que pide que se condene a los doce procesados por un delito de organización criminal y pide 12 años de cárcel para cada uno de ellos. El Código Penal describe una organización criminal como una "agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos". [Código Penal, artículo 570 bis]

El partido de extrema derecha considera que de la instrucción "se puede concluir que los procesados pertenecen y han desempeñado sus actividades como miembros de una compleja y heterogénea organización unida por el propósito de lograr la secesión de la comunidad autónoma de Cataluña y su proclamación como República independiente".

La petición de penas para cada uno de los doce acusados

Las mayores peticiones de penas son para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament y de la Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell, el sucesor de esta última al frente de la ANC, Jordi Sánchez, y el actual presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, como "principales promotores" de la estrategia.

• La Fiscalía pide 25 años de prisión por rebelión con distracción de caudales públicos para Junqueras y 17 por rebelión para Forcadell, Sánchez y Cuixart. La Abogacía pide 12 para el exvicepresidente por sedición y malversación; y 10 para Forcadell y 8 para Sánchez y Cuixart por sedición. Vox reclama 74 para Junqueras por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación y 62 para los otros tres. Los cuatro están en prisión preventiva.

• Los cinco exconsellers que también están en la cárcel -Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa– forman un segundo grupo de acusados. La Fiscalía pide para ellos 16 años de cárcel por rebelión con distracción ilegal de fondos públicos; la Abogacía, 11 años por sedición y malversación; y Vox 74 años por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.

• Por último, se sientan en el banquillo otros tres exconsellers -Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santiago Vila– para los que la Fiscalía y la Abogacía piden 7 años y multa de 30.000 euros por malversación y desobediencia grave. Vox eleva la petición a 24 años al añadir el delito de organización criminal.