Las defensas de los líderes independentistas: «Ninguno de los hechos son típicos del delito de rebelión»

• El Supremo decide en una vista previa al juicio del 'procés' si es competente
• Las defensas piden que el juicio se celebre en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Imagen de archivo del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, el exconseller de la Presidencia Jordi Turull y el exconseller de Exteriores Raul Romeva.

EFE

Quique García

La defensa de los 18 líderes independentistas catalanes procesados han asegurado este martes que los hechos que se les imputa a sus clientes en la causa del 'procés' "no son típicos de los delitos de rebelión y sedición", ya que, a su juicio, fueron solo "actos preparatorios", al tiempo que han recordado que todos ellos tuvieron lugar en Cataluña, por lo que consideran que el Tribunal Supremo no es competente.

Así lo han expuesto todos ellos en la vista de los artículos de previo pronunciamiento, en la que el alto tribunal debe decidir si es competente para juzgar a los líderes soberanistas, para los que se piden penas de cárcel por delitos de rebelión, sedición, desobediencia y malversación de caudales públicos. Se trata del último paso antes de iniciar el juicio el próximo año.

Poco después de las 10.00 horas, el Tribunal Supremo ha dado comienzo a la vista en la que los abogados de la defensa, uno a uno, han ido exponiendo sus argumentos para solicitar que los 18 procesados, entre los que se encuentran el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, varios exconsellers y los exlíderes de ANC y Òmnium Cultural Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, sean juzgados en Cataluña.

Varios letrados, entre ellos, Jordi Pina – abogado de los exconsellers Josep Rull, Jordi Turull y del expresidente de la ANC Jordi Sànchez-, y Mariano Bergés -defensa de la exconsellera Dolors Bassa- han señalado que la apertura de delegaciones en el exterior, la creación de webs, la compra de urnas y la contratación de observadores internacionales, entre otras acciones, "no constituyen un elemento de los delitos de rebelión o sedición", sino que solo fueron "actos preparatorios".

Pero además, todos los letrados han coincidido en solicitar que sea el TSJC el que juzgue los hechos, y no el Tribunal Supremo, porque todos los hechos a los que se refiere el llamado 'procés' sucedieron íntegramente en Cataluña. En concreto, los abogados se han referido a los hechos del 20 y 21 de septiembre, así como el referéndum del 1-O y la posterior Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

También han recordado que "ningún elemento tipo de los delitos de malversación y desobediencia se hayan cometido fuera de territorio catalán".

Precedentes similares

Además, Pina también ha apuntado como razón para que no sean juzgados en el Supremo que hay precedentes similares como el caso del expresidente catalán Artur Mas que fue juzgado por la consulta del 9N en el TSJC.

"Con Mas nadie nos planteamos que la competencia era del Tribunal Supremo", ha explicado Pina al recordar el caso de Mas, que fue juzgado en Cataluña y a quien precisamente el TS le rebajó este lunes la condena de inhabilitación.

También los abogados de la defensa han defendido el derecho de sus clientes a la "doble instancia" y a ser juzgados por un "juez ordinario predeterminado por la ley", pues han considerado que si los juzga finalmente el Supremo, solo tendrían "una instancia" y se vulneraría dicho derecho.

Asimismo la abogada del expresidente de Òmnium Cultural, Marina Roig, así como el del exconseller Santi Villa, Joan Segarra, han advertido de que sus cliente no son "aforados", por lo que no se les debe juzgar en el Tribunal Supremo.

Roig también ha alegado que si se juzga a su cliente en el Supremo se vulneraría "el derecho a que el juicio se desarrolle en lengua catalana".

El abogado de Junqueras carga contra la Fiscalía

En su intervención, el abogado de Oriol Junqueras y al exconseller Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, ha acusado a la Fiscalía de ser la parte que ha promovido que la causa del 'procés' se instruya y enjuicie en el Supremo, pues, en su opinión, ha apelado "al argumento sentimental" de que "esto afecta a todo el mundo".

Y respecto a la malversación de caudales públicos para justificar la competencia del Supremo ha señalado que para la Fiscalía el "elemento del tipo es el compromiso de los fondos, da igual el pago" porque "todo es un relato de ideología". "La Fiscalía ha alterado tácticamente el foro", ha aseverado el letrado.

El letrado ha cargado también contra la instrucción del procedimiento al señalar que "cualquier investigación ha sido mas profunda que la que ha sucedido en esta causa, eso debe generar algunas alarmas".

Y asimismo ha subrayado que los acusados "son políticos haciendo política y el proceso (judicial) no ha seguido las reglas", porque eso implica respetar el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que recoge la competencia para enjuiciar los hechos. "Solicitamos que sea devuelta la causa a Cataluña, la oportunidad la tiene la Sala", ha concluido. 

La acusación pide mantenerlo en el Supremo

Por contra, Vox, que ejerce la acusación popular, defiende que sí que el Supremo sí que es competente para juzgar la causa. En declaraciones en España a las 8 de RNE; el vicesecretario jurídico de Vox, Pedro Férnandez, ha defendido que el TS "debe seguir el procedimiento como estaba previsto".

Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso – Fernández (Vox): "El procedimiento debe seguir como estaba previsto"

La vista, que tiene lugar en la Sala de Plenos del Supremo, se celebra ante un tribunal de siete jueces, presidido por Manuel Marchena, y están presentes las defensas de los 18 acusados, los fiscales Jaime Moreno y Consuelo Madrigal, la Abogacía del Estado y la acusación popular.

La expectación mediática de esta vista es muy alta como así se refleja por los 226 periodistas acreditados de 70 medios de comunicación, según informan desde el alto tribunal.

Sin presencia de los acusados

La vista se está celebrando sin la presencia de los acusados. De hecho, no se espera su presencia en la sala hasta el inicio de la fase de interrogatorios del juicio oral que se prevé que comience entrado el mes de enero.

La vista se celebra después de rechazarse las recusaciones presentadas contra Marchena, tras conocerse su nombre como candidato a presidir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el mensaje del senador 'popular' Ignacio Cosidó en el que presumía de que con este nombramiento se controlaría la Sala Segunda "desde detrás".

Si una vez presentadas las alegaciones, si se rechaza las peticiones de las defensas, el juicio se celebrará tal y como previó desde el principio en el Supremo, en sesiones que pueden extenderse durante varios meses en las que la Fiscalía tratará de justificar su petición de penas por delitos de rebelión.

La Abogacía del Estado se desmarcó de los criterios de la Fiscalía y solicitó penas por un delito de sedición que suponen rebajar a la mitad lo reclamado por el Ministerio Público para los principales encausados, mientras que Vox sí ve rebelión y reclama condenas de cárcel que se elevan hasta los 74 años en el caso de Junqueras.